Cerca de la una de la madrugada de este jueves, unos desconocidos entraron en su casa en una colonia de la ciudad de La Esperanza, cabecera del suroccidental departamento de Intibucá, y la asesinaron.
Citado por el diario La Prensa, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, Gustavo Cáceres, hermano de la activista, recordó que “Berta tuvo miles de amenazas. Su arma era la voz, nunca anduvo armada, la amenazaron por su lucha amplia, por la riqueza de nuestros pueblos. Era un tesoro en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas”.
Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó un movimiento que en 2013 y en 2014 logró que el Banco Mundial y la estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, desistieran de edificar una represa hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque, catalogado por los lencas como sacro y crucial para su subsistencia.
Su asesinato ha conmocionado a un país con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes que bajó de 68 en 2014 a 62 en 2015, según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El embajador estadounidense en Honduras, James Nealon, condenó “fuertemente este repudiable crimen” y “cobarde asesinato”. El secretario hondureño de Seguridad Pública, Julián Pacheco, también lamentó los hechos e informó de que fue retenido el vigilante del residencial en el que vivía Cáceres.
Pacheco alegó que aunque la activista “siempre iba resguardada” en sus desplazamientos en Intibucá, “la residencia donde perdió la vida no había sido reportada a los custodios”. Cáceres se había reunido la semana pasada con responsables de su seguridad, admitió.
El 29 de junio de 2009, la CIDH le otorgó medidas de protección porque “fuerzas militares” rondaron su casa por oponerse al golpe de Estado que depuso al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya.
