California.- La revisión de ocho casos de muerte en los centros de detención de Estados Unidos evidenció serios problemas en la atención médica de los detenidos y vigilancia de parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), de acuerdo con un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) revelado esta semana.
Pablo Garcida-Conte, de 54 años, detenido por ICE en junio de 2011 en California —por venderle licor a un menor— y transferido al centro de detención de Eloy (en Arizona), visitó la clínica médica del lugar en julio luego de presentar vómitos y sudoraciones; pero tuvo que esperar 22 días antes de que una enfermera lo examinara por su falta de apetito, según el Tucson Sentinel.
Tres meses después, sus síntomas empeoraron. El inmigrante se quejaba de dolor abdominal, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Finalmente, el 28 de octubre, el hombre fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Tucson, donde murió dos días después.
La autopsia reportó que Garcida-Conte sufría de cardiopatía, una enfermedad que afecta los músculos del corazón pero que es tratable.
El reporte de ACLU “Negligencia fatal: como ICE ignora las muertes en detención” se llevó a cabo en conjunto con el Detention Watch Network (DWN) y el National Immigrant Justice Center (VIJC).
La investigación de 28 páginas examina las violaciones al protocolo médico establecido por ICE en los centros de detención que jugaron un papel significativo en la muerte de ocho detenidos entre 2010 y 2012.
La información está basada en los mismos reportes de investigaciones hechas por investigadores federales de la Oficina de Vigilancia de Detenciones (ODO) de ICE hechas antes y después de las muertes en los centros de detención y donde se reconocieron estas fallas en el sistema.
El reporte se enfoca solamente en las ocho muertes reportadas donde ODO identificó fallas en el protocolo médico establecido, clasificando cuatro de estos fallecimientos como “prevenibles”.
Entre las fallas que se encontraron se destaca que ICE no cumplió con las necesidades médicas de los detenidos a tiempo y no envió a las personas enfermas con proveedores de cuidado médico especializado o servicios externos como son los hospitales.
Ante esto, la vocera de ICE, Yasmeen Pitts O’Keefe, dijo a ABCNews que varios de los centros de detención mencionados en el reporte de ACLU “ya han implementado estándares más rigurosos” y que la agencia está comprometida a ofrecer un ambiente seguro para aquellos que están bajo su custodia, incluyendo acceso al cuidado médico apropiado”.
