Nicaragua – La acción represiva del Estado contra las manifestaciones que se desarrollan desde el pasado 18 de abril en Nicaragua ha provocado la muerte de al menos 212 personas hasta el 19 de junio y ha dejado a 1,337 personas heridas, revela la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en su informe final que presenta en una sesión extraordinaria este viernes en la Organización de Estados Americanos.
El informe de 91 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluido el 18 de junio encontró graves violaciones a los derechos humanos en el país en el contexto de las protestas sociales ocurridas en Nicaragua.
Entre las violaciones a derechos humanos señaladas por la CIDH están el derecho a la vida y a la integridad personal por incumplimiento de los deberes de respeto y garantía del Estado “la cual se funda en actos u omisiones de agentes de cualquier poder u órgano del Estado independiente de su jerarquía, que hayan sido realizados al amparo de su carácter oficial, aún si actúa
La CIDH expresa su profunda preocupación por la especial afectación que ha tenido el uso excesivo de la fuerza en los derechos de los niños y adolescentes, debido en gran medida al fuerte movimiento estudiantil que participa en las manifestaciones.
La información y los testimonios recibidos por la CIDH evidencian que los jóvenes y niños fueron víctimas especialmente vulnerables de la violencia represiva del Estado durante las protestas y con posterioridad a las mismas.
En particular, de acuerdo con la información documentada por la Comisión, hasta el 20 de junio, 16 niños y adolescentes habrían muerto de forma violenta en el contexto de la represión a las manifestaciones. Asimismo, de acuerdo con información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, hasta el 17 de mayo, cinco de ellos habrían presentado impactos de bala en la cabeza, cuello y tórax.
El documento también detalla que 507 personas estuvieron privadas de la libertad hasta el 6 de junio y que hay cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de “ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”.
Las autoridades nicaragüenses han invocado el mantenimiento del orden público y la paz social como justificación de su actuación. Sin embargo, la CIDH advierte que la magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público y reprimir los reclamos sociales y no de meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad.
“En efecto, la información recibida da cuenta de un patrón a través del cual agentes estatales, principalmente agentes de la Policía Nacional de Nicaragua y de sus fuerzas antimotines, grupos parapoliciales, también llamados fuerzas de choque o turbas actuando en aquiescencia con la Policía, han puesto en marcha una respuesta represiva dirigida a disuadir la participación social en las manifestaciones”.
La CIDH observa que este patrón se ha desarrollado a través del uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo el uso de la fuerza letal, el cual se ha realizado de manera deliberada y sistemática por parte de los actores antes mencionados.
