La ley que aprobó el Congreso es inconstitucional, dijo Sessions sobre el programa creado hace 4 años por el expresidente Barack Obama que protege de la deportación a unos 800 mil jóvenes extranjeros que ingresaron a Estadoa Unidos ilegalmente cuando eran niños.
Ahora dejando su futuro en manos del Congreso, que tendría un plazo seis meses para sacar adelante una legislación alternativa.
Fuentes cercanas al asunto, que hicieron declaraciones bajo condición de anonimato, dijeron que la decisión no era definitiva y que Trump podría cambiar de opinión a última hora.
Sin embargo, el martes Trump parecía resuelto a presionar a los legisladores estadounidenses para que actúen.
«¡Congreso, estén listos para hacer su trabajo: DACA!», dijo el presidente republicano en su cuenta de Twitter.
La decisión, revelada durante una conferencia con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, fija una extensión de seis meses en la vigencia del DACA para dar tiempo al Congreso, dominado por los republicanos, para que elabore una alternativa legal.
El DACA fue creado por el expresidente demócrata Barack Obama luego de que el Congreso no logró aprobar una ley que habría concedido una vía a la ciudadanía estadounidense a jóvenes indocumentados.
¿Qué significa el anuncio?
El programa protege de la deportación a unos 800.000 jóvenes, a menudo llamados «dreamers», y les permite trabajar en Estados Unidos. El grupo representa una pequeña fracción de los 11 millones de inmigrantes ilegales que se calcula que actualmente viven en Estados Unidos.
Bajo los términos de la reforma que desea Trump, los «dreamers» podrán quedarse en Estados Unidos hasta que sus permisos de trabajo – expedidos por periodos de dos años – expiren, de acuerdo a fuentes. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional no buscará deportarlos, añadió una fuente.
Los jefes de nueve fiscalías estatales, todos republicanos, han dicho que presentarán demandas si Trump no pone fin al programa, mientras que varios fiscales estatales demócratas amenazaron también con acudir a las cortes si el mandatario anula la iniciativa
