Amenaza a la autoridad e institucionalidad

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No tendríamos que descartar posibilidades que la política estadounidense de estos días, ha girado casi los 360 grados en nuestro convivir social. Existen pruebas contundentes para sostener cientos de hipótesis, hasta estos momentos y, que van relacionadas desde antes de la asunción presidencial del actual mandatario estadounidense, cuya conducta en la comunicación hacia la política de este país, no guarda en lo mínimo los pilares de valores y principios que tuvieron los fundadores de esta nación; ni muchos menos de aquellos presidentes que tuvieron el honor y privilegio de servir a los estadounidenses durante sus mandatos.

La Constitución de los Estados Unidos de América, garantiza su sistema democrático y que es representado por el sistema de partidos políticos y las instituciones, para que con esa vía universal permita el sostenimiento institucional de este país, a fin que nadie lo pueda romper para y por ningún beneficio contrario a  sus leyes, a la democracia, libertad de expresión y pensamiento, entre otros.

Nuestro sistema electoral en esta nación garantiza la institucionalidad, por lo tanto, nadie puede vulnerar esos principios y derechos de libertades ciudadanas, porque dentro de toda su imperfección democrática, que se refleja en las urnas mediante elecciones libres, está el escogimiento de las mejores opciones reflejadas en las personas para que sean escogidas y nos representen en distintas funciones administrativas del país; y para eso está nuestro voto que lo depositamos en cada día de elecciones.

Los resultados en las votaciones para cada ciudadano, significa que hemos elegido a la autoridad que debe responder su cargo; por lo cual, esa voluntad mayoritaria también refleja el contenido de la democracia y nadie puede vulnerarla, y ésta se da solo cuando hay un rompimiento de sus leyes, porque nadie está encima o sobre la Ley. Su misma contextura jurídica y constitucional la protege, cuando una gran mayoría conoce que este país es de leyes y no con amenazas de mal gusto, que intenten afectar la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Sin embargo, durante la primera semana de enero 2019, se conoce una versión de “amenazar” al nuevo sheriff de Charlotte/Mecklenburg y a su familia. Esta embarazosa situación deja en la comunidad un sin sabor y que por supuesto es inaceptable, porque contiene un tinte racista, dada la magnitud expresiva que se origina por la derogatoria de un programa calificado inhumano como lo fue el 287g, y que se utilizó para separar familias, deportándolas con hijos nacidos en este país.

Como los resultados son adversos a intereses mezquinos, con la derogatoria de ese programa, que lo terminó el nuevo sheriff McFadden, ha traído resentimientos infundados, que violando leyes, estas amenazas se convierten en delito muy grave como es la de tratar de atentar con la vida de las personas. Además, esta brutal amenaza no únicamente va dirigida contra el funcionario policial sino contra la Institución  a la que él la representa; es decir, que si tomamos en consideración las consecuencias, ésta también atenta contra la norma de institucionalidad del Estado y que sus instituciones están protegidas por la Constitución de los Estados Unidos, y quién o quiénes han hecho esta amenaza, tendrán que ser investigados para que la Justicia se encargue de sancionarlos con todo el peso de la ley, en este caso o en cualquier otro que se suscitare.

Nuestra comunidad en la Ciudad Reina de Charlotte, es amante de la paz y la garantía de nuestras instituciones públicas y privadas con sus funcionarios, mantendrá muy en alto el principio del respeto ciudadano y la protección a la primera institución social que es la familia, porque nuestros derechos comienzan  respetando primero el de los demás.Y en una sociedad, como la nuestra, que tiene sus estamentos de civilización, es y será siempre saludable el diálogo como norma de todo ser humano, así como recordar siempre, que cuando las circunstancias son adversas a nuestros intereses personales o colectivos, lo más importante es sostener el respeto a las leyes para el buen vivir comunitario.