Washington.- El anuncio hecho el sábado por el gobierno de Donald Trump, de publicar en el Registro Federal un nuevo reglamento sobre el concepto de ‘carga pública’ para que el público opine en un lapso de 60 días, generó expectativa entre los solicitantes de visas y residencias, y ciudadanos que buscar pedir a familiares inmediatos.
La nueva regla, anticipada el 7 de septiembre por Univision Noticias, recomienda cambios que alterarán la forma en que los funcionarios del servicio de inmigración “seleccionan” a los solicitantes de cualquier tipo de beneficio migratorio y determinan su inadmisibilidad debido al riesgo que puedan convertirse en una carga pública para el gobierno.
En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador solicitante, como lo indica la declaración jurada de apoyo vigente, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “se centrará en el solicitante y cualquier miembro de la familia dependiente”, advirtió en su momento el Programa de Ayuda Legal CLINIC de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), una de las principales redes de asistencia a inmigrantes en el país.
Pero a pesar de los anuncios y la amenaza de que el nuevo reglamento exigirá que los agentes de inmigración “examinen los ingresos actuales y estimados del inmigrante, su historial laboral, las habilidades laborales, el estado de salud, los bienes y cualquier historial familiar de recibo de beneficios públicos”, hay quienes piden calma, no entrar en pánico, sopesar el documento con tranquilidad y, sobre todo, enviar sus comentarios para que el gobierno los tome en cuenta.
No es nada nuevo
“La ley de inmigración ha excluido durante mucho tiempo a las personas que ingresan si se considera que son una ‘carga pública’ porque no tienen la capacidad de mantenerse económicamente por si solos”, indica Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Y advierte que “los no ciudadanos legales también pueden ser deportados si han sido una ‘carga pública’ dentro de los cinco años posteriores a su ingreso al país”.
La administración de Trump ha anunciado que planea dificultar la obtención de tarjetas de residencia para los inmigrantes que legalmente usan beneficios públicos, como cupones de alimentos.
Yale-Loher añade que, “el número de no ciudadanos excluidos de los Estados Unidos por considerar que se convertirían en una carga pública cayó de un máximo de 90,045 durante los años 1911 a 1920 a solo 31 durante los años 1971 a 1980”. Y cuestiona los informes emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) porque “no se mantiene actualizado sobre las estadísticas del número de personas rechazadas debido a preocupaciones de ‘carga pública’”.
No entre en pánico
“Debido a su longitud de 447 páginas, tomará algún tiempo analizar el impacto de la regla propuesta” por el gobierno, señala Yale-Loher.
Por ley, debe haber un período de 60 días a partir de la fecha de publicación para que el público opine, y luego el gobierno debe tomarse un tiempo para revisar los comentarios y adaptarlos al reglamento antes de publicar la regla final.
“Sin embargo, al menos, si alguna ves entra en vigencia la propuesta, significaría que a muchos más inmigrantes se les podría negar la entrada o tarjetas de residencia o podrían ser deportados”, previene.
Citando un informe del Migration Policy Institute (MPI), que analiza una versión anterior más amplia del borrador del reglamento, el profesor de la Universidad de Yale estimó que la proporción de no ciudadanos que podrían enfrentar una determinación de ‘carga pública’ “basada en el uso de beneficios, aumentaría más de 15 veces, es decir del 3% según la política actual a 47% por ciento.
Un segundo informe de la Kaiser Family Foundation, publicado en abril y citado por Yale-Loher en abril de 2018, estimó que casi 20 millones de niños en familias inmigrantes podrían verse afectados por el cambio propuesto por el gobierno de Trump.
A pesar de ello, Yale-Loher enfatiza que “los inmigrantes no deberían entrar en pánico todavía. La regla propuesta es solo eso, una propuesta”. Y que el gobierno, antes de ejecutarla, “tendrá que revisar los miles de comentarios que recibirá antes de que pueda finalizar la versión final del reglamento”.
