La s eñora ‘DD’ lleva cuatro años esperando que el gobierno le otorgue finalmente una visa U tras haber ganado su caso por la violencia doméstica que sufrió en Honduras.
“Yo entré en el 2014. Cuando vine no me explicaron nada en la ‘hielera’”, nombre que los inmigrantes le dan a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza (CBP) por el frío en las a causa de los sistemas de aire acondicionado. “Me procesaron y me dieron la libertad. Pero no me dijeron que podía pedir asilo. Nadie me preguntó y yo no lo sabía cuando hui de mi país con mi pequeño hijo”, añadió.
La inmigrante no se enteró que tenía que avisar a la corte de inmigración si cambiaba de domicilio para seguir con su caso de asilo. “Nadie me lo dijo”, reiteró. Dos años más tarde, en mayo de 2016, fue detenida durante una redada y enviada al centro de detención de Dilley, en San Antonio, Texas, y luego a Berks, en Pennsylvania.
‘DD’ pidió ocultar su verdadero nombre porque su caso migratorio aún no ha concluido.
Error involuntario
La inmigrante cuenta que sólo notificó a ICE del cambio de domicilio y no al tribunal. Cuando la corte de inmigración la llamó para una audiencia, emitió un citatorio que llegó a una dirección donde la señora ‘DD’ no estaba. En respuesta, la mujer recibió una orden de deportación en ausencia. Por eso la arrestaron.
Su caso fue conocido por el CARA Family Detention Project patrocinado por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “Ellos supieron de mi caso, me pusieron en libertad y ahora espero que por fin me llegue la visa U«, para víctimas de violencia. “Si hubiese sabido que podía pedir asilo hace cuatro años, ya sería libre”, se quejó.
El lunes, cuando se enteró que el fiscal general Jeff Sessions determinó que la violencia doméstica o de pandillas no debe ser considerada como una causa de asilo, “el alma de dio un vuelco”, dice. “Me puse muy triste porque la mayoría de las mujeres que viven en nuestros países sufren violencia”, añadió.
“El porcentaje es muy alto. No sabemos qué pasará con las que ya pidieron asilo por violencia doméstica. Esto es un asunto muy grave porque que hay mucho homicidio tanto de madres como de hijos. El que no vayan a tener la oportunidad de huir y conseguir asilo, es condenarlas a seguir viviendo en el infierno”, puntualizó.
En el año fiscal 2017 el gobierno recibió 119,144 solicitudes de asilo, según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR). La mayoría de ellas de mujeres y niños que huyen de la violencia doméstica y de pandillas en el denominado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo del año fiscal 2018, se recibieron 60,386 peticiones.
Lluvia de críticas
La oposición demócrata no tardó en reaccionar al anuncio de Sessions. «La inhumanidad y crueldad del gobierno de Donald Trump no conocen límites”, dijo Nancy Pelosi (California), líder de la minoría en la Cámara de Representantes. “Los republicanos en la Casa Blanca acaban de condenar a innumerables mujeres vulnerables e inocentes a una vida de violencia e incluso muerte, solo para anotar puntos políticos con su base”, agregó.
Pelosi dijo además que “este acto de asombrosa crueldad insulta los valores de nuestra nación y nuestra orgullosa historia como una tierra de esperanza y libertad para aquellos que huyen del dolor y la persecución en el hogar”.
A su vez, el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), escribió en su cuenta de Twitter: “Jeff Sessions le está diciendo a las mujeres que huyen de la violencia doméstica que se regresen y lo resuelvan. Les está diciendo a las personas LGBTQ que podrían ser asesinados, que lo hagan (regresen). Él dice que sabe que es una cuestión de vida o muerte, pero a él simplemente no le importa. Arriesgar vidas para alimentar el nativismo de Sessions es repugnante”.
El Foro Nacional de Inmigración (NIF) también se sumó a las críticas por el anuncio de Sessions. «Esta estrecha interpretación de la ley de asilo es una decisión deliberada para darle la espalda a los sobrevivientes de abuso doméstico y violencia de pandillas”, dijo Ali Noorani, Director Ejecutivo de la organización.
Tanto la oposición como los activistas temen que la política migratoria de Trump en la frontera impacte negativamente en la actitud de los agentes fronterizos al momento de determinar la existencia de “miedo creíble”, el primero y más importante paso en el inicio de una solicitud de asilo.
El primer aviso
La modificación de la política migratoria de asilo anunciada por el fiscal general no fue sorpresiva. En octubre del año pasado Sessions aseguró que el aumento de solicitudes de asilo obedecía a fallos en la ley vigente y le pidió al Congreso que la cambie por otra que incluya los principios de Trump.
«Se está abusando del sistema. No hay duda al respecto. El proceso (…) pretendía ser un salvavidas para las personas que enfrentan serias persecuciones”, dijo el fiscal general durante un discurso en la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR). “Se ha convertido en un billete fácil para la entrada ilegal a Estados Unidos”, agregó.
Según Sessions, la ley de inmigración vigente está quebrada y permite que muchos solicitantes de asilo abusen del sistema, un argumento utilizado frecuentemente por Trump para defender sus “principios de inmigración”.
El fiscal general criticó además que no existe riesgo para los solicitantes de asilo porque el proceso no tiene costo y tampoco representa riesgo para aquellos que hacen un reclamo de asilo sin fundamento. Lo que no explica es que, de acuerdo con la ley, cuando un caso es negado el peticionario recibe una orden de deportación.
“Y también es castigado de por vida para recibir cualquier otro tipo de beneficio migratorio”, indica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.
Decisión “peligrosa”
Tras el primer aviso anunciado por Sessions en octubre del año pasado, el grupo de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió que el cambio que el gobierno de Trump intentaba hacer al sistema de asilo “afectaría gravemente la capacidad de Estados Unidos para ofrecer refugio a personas que necesitan desesperadamente protección”.
“Las propuestas del presidente Trump exacerbarían las fallas existentes para proteger los derechos humanos fundamentales dentro del sistema de inmigración estadounidense al disminuir la protección para los niños migrantes y refugiados, y al aumentar significativamente el presupuesto para contratar a más agentes de inmigración y financiar la detención de inmigrantes, que ya recibe cuantiosos fondos con pocas medidas significativas para evitar que se cometan graves abusos”, agregó.
Ocho meses más tarde, los temores del HRW se convierten en realidad. “Expone a mucha gente a riesgos enormes porque los regresará a los países de los cuales huyeron”, indicó a Univision Noticias Clara Long, investigadora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch.
“Hemos documentado casos, entre ellos de personas que realmente han corrido riesgos graves de los cuales las autoridades locales no pueden protegerlas”, puntualizó.
“Cuando vemos la decisión de Sessions, lo que presenciamos es un intento de negar a más personas el asilo. Todo nos indica que el gobierno de Trump está buscando maneras de restringir la entrada de latinos. Cuando lo vemos en contexto todo lo que se está haciendo, se mira como una estrategia de supremacía blanca”, precisó Long.
La organización advierte además que los agentes fronterizos violan regularmente las leyes estadounidenses e internacionales al rechazar a personas que tienen reclamos genuinos y legítimos de que serán perseguidos o asesinados si son obligados a regresar a sus países de origen.
