WASHINGTON— La mayoría de los republicanos y grupos que exigen una reducción incluso en la inmigración legal llevan años argumentando que los extranjeros son una “carga pública”, pero un informe divulgado este jueves desvirtuó ese mito al demostrar que los inmigrantes usan menos beneficios públicos que los estadounidenses.
El análisis del Instituto Cato, un centro de estudios de corte “libertario”,reafirmó con las cifras oficiales más actualizadas hasta la fecha lo que durante décadas han demostrado sobre el terreno la mayoría de los inmigrantes: contribuyen a la economía más de lo que obtienen en beneficios públicos.
“En general, los inmigrantes tienen menos probabilidades de usar beneficios públicos y, si lo hacen, generalmente consumen un valor inferior de beneficios que los estadounidenses”, además de que incurren un menor gasto per cápita en esos beneficios, indicó el informe.
Excluyendo controles como la edad o la tasa de pobreza, los inmigrantes, a nivel individual, consumen un 39% menos en beneficios públicos que las personas nacidas en EEUU, indicó.
Los inmigrantes consumen un 27% menos que los “nativos” con similares edades y niveles de salario, según el estudio.
Pese a que el documento no tomó en cuenta algunos programas anti-pobreza de menor escala, los autores indicaron que eso no alteraría sustancialmente los resultados.
El estudio fue divulgado en unos momentos en que, en el marco de la agenda de “poner a EEUU de primero” (“America First”), la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca alista cambios en las normas sobre “carga pública” respecto a la aplicación de las leyes migratorias, que permitirán negar visas a ciertos extranjeros.
3 millones recibieron Green Card
Entre 2014 y 2016, alrededor de tres millones de extranjeros recibieron la “tarjeta verde” y el cambio que sopesa la Administración Trump, de producirse, afectaría no sólo a los que solicitan visa o un ajuste migratorio sino también a ciudadanos con familiares inmigrantes.
Activistas de grupos cívicos y la comunidad inmigrante, entre éstos el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) y el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC) han advertido de que aún antes del inminente cambio, muchos residentes legales están evadiendo las clínicas o servicios médicos -a los que tienen derecho- por temor a perjudicar sus trámites migratorios.
Activistas advierten contra cambios en reglamento de “carga pública”
¿Cuál carga pública?
En 2016, el gobierno federal invirtió $2,3 billones en programas de beneficencia social dentro del sistema de “Welfare”, equivalente a casi el 60% del gasto público ese año. De ese monto, $1,5 billones fueron destinados al Seguro Social y “Medicare”.
Al analizar el desembolso total de beneficios en 2016, el estudio indicó que el valor promedio de beneficios de asistencia pública por cada inmigrante fue de cerca de $3,718, un 39% menos que el de $6,081 en beneficios por cada estadounidense nativo.
Según el documento, en comparación con el americano promedio, el inmigrante promedio consumió $6 más en asistencia económica directa, $7 más en cupones de comida, y $98 más en “Medicaid”.
Sin embargo, por oto lado, el inmigrante promedio obtuvo $56 menos en cheques del Seguro Social, $610 menos en “Medicare”, y $1,808 menos en beneficios de jubilación del Seguro Social.
Es decir, al juntar ambos conjuntos de datos, lo que emerge es una radiografía en la que el menor gasto que incurren los inmigrantes más que compensa los beneficios que obtienen de otros programas sociales.
Para algunos, no importan los hechos
Pero esa actitud contraviene el deseo de la mayoría de los estadounidenses: una encuesta Gallup de 2017 indicó que el 72% cree que los inmigrantes toman los trabajos que no quiere el resto, y el 49% cree que los inmigrantes ayudan al crecimiento económico. Otras encuestas también demuestran un gran apoyo a una reforma migratoria.
Pero aún si los hechos despejan dudas sobre las contribuciones económicas de los inmigrantes, la base que apoyó a Trump no cambiará de idea y “sabemos a ciencia cierta que sus principales partidarios tampoco permitirán que él lo haga”, dijo a este diario Alex Nowrasteh, co-autor del informe junto a Robert Orr.
“Espero que este informe al menos provea al público y a los responsables de políticas públicas alguna información precisa y veraz al debatir este asunto. Sin importar cómo termine ese debate, creo que se debe basar en información precisa, y no en rumores”, afirmó el experto.
Receta para una reforma
A su juicio, el gobierno tiene que ampliar y liberalizar la inmigración legal a EEUU; favorecer permisos temporales para trabajadores, emprendedores e inversionistas con todo tipo de destrezas laborales; ofrecer la residencia permanente a quienes llevan al menos 10 años en el país, y eliminar los límites anuales en las visas.
Son ideas que, por lo demás, han sido respaldadas por grupos cívicos y pro-inmigrantes, incluyendo algunos conservadores, pero que no tienen cabida en un Congreso dominado por la ultraderecha.
Respecto a las actitudes xenofóbicas en algunos sectores del país, Nowrasteh consideró que muchos estadounidenses sí piensan que los inmigrantes son buenos para la economía, “pero algunos nunca lo harán”.
Parte del problema, a juicio de Nowrasteh, es falta de entendimiento sobre cómo funciona la economía, y la falsa creencia de que es un “pastel fijo” en el que si alguien se hace rico entonces otro tiene que empobrecer.
“Así no es que funciona la economía en absoluto. Los inmigrantes trabajan, establecen negocios, y crean riqueza para ellos y para otros— no le quitan riqueza a otros”, enfatizó Nowrasteh.
