El Tribunal Supremo de Colorado rechazó la apelación del alguacil del condado El Paso, Bill Elder, con la que pretendía anular un fallo judicial que le impide a su jurisdicción mantener presos a presuntos indocumentados por pedido de autoridades de Inmigración.
La Corte Suprema estatal reafirmó así la orden emitida el pasado marzo por el juez de distrito Eric Bentley prohibiéndole a la oficina del alguacil dejar detenidos a indocumentados que pueden salir en libertad bajo fianza o ya cumplieron su condena, incluso si el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) pidió detenerlos.
La decisión de Bentley se basó en una demanda judicial presentada en febrero por la filial local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Saúl Cisneros y Rut Chávez Rodríguez, inmigrantes que permanecieron encarcelados en El Paso por pedido de ICE.
Segundo arresto
Según Bentley, los pedidos de ICE equivalen a un «segundo arresto» para el cual no existe una orden judicial, lo que infringe las garantías enumeradas en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protegen a las personas de ser arrestas sin causa probable o una orden firmada por un juez.
Cisneros estuvo en la cárcel de El Paso tres meses más de la fecha en la que pudo haber quedado en libertad. Según la demanda de ACLU, la mayoría de los presuntos indocumentados pasaba «días o semanas» en ese establecimiento sin otra razón que el pedido de ICE.
Mark Silverstein, director legal de ACLU Colorado, expresó en un comunicado que «las leyes de Colorado requieren que el alguacil los deje en libertad (a los inmigrantes presos)».
Con la ratificación de estejueces por parte de la Corte Suprema estatal, ya no queda ningún condado en este estado que acate los pedidos de ICE. El alguacil Elder, que buscará reelección en noviembre, había manifestado su «temor» por que su condado «perderá fondos federales» por no cooperar con ICE.
