Washington.- El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, anunció que tenían previsto aplicar en algún momento esta iniciativa el 22 de febrero en memorandos que mostraron el reglamento para implementar las acciones ejecutivas migratorias del presidente Donald Trump.
“ICE tiene como objetivo interrumpir y desmantelar de extremo a extremo los caminos ilícitos utilizados por organizaciones criminales transnacionales y facilitadores de contrabando humano”, dijo la agencia en un correo electrónico.
Agregó que “estamos llevando a cabo una iniciativa de impulso centrada en la identificación y la detención de personas involucradas en operaciones de contrabando ilícito de seres humanos, para incluir a los patrocinadores que han pagado a las organizaciones criminales para introducir a los niños en Estados Unidos”, en referencia directa a las familias.
Los riesgos asociados con el contrabando de niños en los Estados Unidos representan una amenaza humanitaria constante”, agregó, y aseguró que “los patrocinadores que han puesto a los niños directamente en peligro al confiarlos a organizaciones criminales violentas serán responsables por su papel en estas conspiraciones».
El gobierno de Trump dijo además que, de acuerdo con datos obtenidos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, “aproximadamente el 90% de todos los niños no acompañados que se encuentran en la frontera suroeste han sido entregados a un miembro de la familia que reside en Estados Unidos”.
Los registros y datos financieros de investigaciones llevadas a cabo “demuestran que los patrocinadores que reciben la custodia de estos niños han contratado los servicios de organizaciones criminales de contrabando humano para llevar a sus hijos a los Estados Unidos”, aseguró la agencia.
Esto confirma la advertencia lanzada en febrero por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly.
“Es triste que esta administración esté atacando a padres que solo han estado ofreciendo refugio a sus propios hijos”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN). “El que este país no vea y no reconozca el peligro que corren estos niños, y ataque a sus padres y haga todo lo posible por condenarlos, no es aceptable, no cumple con los valores de este país”.
“Estamos viendo cómo podemos detener esta práctica”, dice Núñez. “Es una medida cruel. No estamos en desacuerdo con proteger al país, pero creemos que hay muchas y mejores maneras para hacerlo”.
En California existen las mismas preocupaciones. “No es nueva esta política”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento latino USA. “El año pasado denunciamos (durante la administración de Obama) que el gobierno estaba averiguando en los consulados y embajadas, cuando la gente va a la entrevista porque ya le salió la residencia, cómo había entrado a Estados Unidos, y cómo lo hicieron sus hijos”.
“La gente responde diciendo que los hijos ingresaron de la misma manera que ellos”, agrega. “Y cuando el cónsul insiste y pregunta de qué manera entraron, les dicen que con el mismo coyote que los introdujo a ellos al país. En ese momento les niegan el trámite y los acusan de coyotismo”.
El activista agregó que ahora, durante el gobierno de Trump, “hemos sabido que están empleando la misma técnica, pero aquí adentro, en nuestra casa, con los padres de niños centroamericanos que llegaron en busca de asilo. En las entrevistas con los agentes de ICE les preguntan cómo vinieron, y cuando cuentan que los introdujo el coyote, en ese momento les niegan el caso y los acusan de tráfico humano”.
El abogado de inmigración Alex Gálvez, quien ejerce en Los Angeles, California, dice que “el propósito de traer un hijo a Estados Unidos con propósito de asilo no es tráfico humano.
Se está tratando de salvar la vida de un pequeño. Esto se tiene que debatir porque no es nada más acusar a alguien de un delito y llevarlo ante la justicia”.
A finales de febrero el DHS advirtió que los menores que no lleguen completamente solos al país serán puestos en proceso de deportación acelerada. Y que los padres y familiares de ‘niños no acompañados’ podrían ser acusados de contrabando ilegal de personas si se determina que pagaron a traficantes para traer a los pequeños a Estados Unidos.
La medida es parte de los cambios migratorios introducidos por el gobierno del presidente Trump. Abogados y organizaciones de inmigrantes advirtieron en ese momento que la nueva denominación de niño indocumentado ‘no acompañado’ puede dejar desamparado ante abusos a menores detenidos en la frontera cuando tratan de ingresar el país en busca de asilo.
La nueva designación se encuentra en uno de los memorandos de Kelly y que fueron adelantados por Univision Noticias, donde se especifica cómo se aplicarán las órdenes ejecutivas migratorias de Trump sobre las ciudades santuario y el muro en la frontera con México.
“Cambiaron la definición de quién es un niño no acompañado, pero no especificaron de qué manera se implementarán las nuevas reglas. Es preocupante”, advirtió en su momento Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.
Velásquez previno además que de ser implementadas las nuevas reglas anunciadas por Kelly “se prestan para abuso por parte del gobierno, ya que consideran que tienen luz verde para deportar a todos los inmigrantes indocumentados, incluyendo menores de edad”.
En el memorando de febrero, Kelly señaló que hasta ese momento aproximadamente el 60% de los menores no acompañados han sido entregados tras ser detenidos a uno o los dos padres cuando viven en Estados Unidos, manteniendo su condición de ‘niños extranjeros no acompañados’ mientras sigue en curso una petición de asilo.
El problema, según activistas y abogados, es que de ser acusados de tráfico de personas podrían per perjudicadas sus peticiones de asilo en Estados Unidos.
“Sería terrible”, dice Margot Cowen, una abogada de inmigración csque ejerce en Phoenix Arizona. “Los niños tienen derecho a pedir asilo. Pero si primero le van a poner a ellos o a sus padres cargos criminales, y después les darán el chance de pedir asilo, lo están haciendo mal, muy mal”, concluyó.
