Ciudad de Guatemala.- La ola anticorrupción tocó el terreno familiar del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien llegó al poder con la bandera de “ni corrupto, ni ladrón”. El hermano y el hijo del mandatario fueron detenidos este miércoles y deben responder ante la justicia por señalamientos de fraude y lavado de dinero.
El hijo del presidente, José Manuel Morales, participó junto a los padres de su entonces novia en una convocatoria para vender canastas navideñas y servicios para un evento de una institución pública, el Registro de la Propiedad, con una empresa inexistente. Ganó el concurso y con la ayuda de su tío, Sammy Morales, y presentó facturas de dos empresas por servicios no prestados:Fulanos & Menganos y Plus Espectáculos y Producciones S.A..
Samuel Everardo Morales, actor que adoptó el nombre de Sammy, para hacer juego con el de su hermano Jimmy en su faceta de comediante, fue capturado en su vivienda en una popular zona de la capital guatemalteca para responder por una compra de canastas navideñas por 89,958 quetzales (unos 11, 250 dólares) en 2013 para el Registro de la Propiedad y 90,000 quetzales por un servicio de comida para la misma institución.
El hijo del presidente, José Manuel Morales Marroquín, se presentó voluntariamente en tribunales este miércoles y por decisión del juez, quedó detenido. Tanto Morales Marroquín como su tío tenían prohibido salir del país desde finales de 2016 por causa de esta investigación. Por este caso, el hijo del presidente suspendió sus estudios en Estados Unidos en septiembre pasado y regresó a Guatemala para enfrentar la justicia, a petición de su padre.
Junto a ellos fue detenido Mario Estuardo Orellana López, quien era suegro de Morales Marroquín en 2013 y, se sospecha, participó en el caso de fraude por una factura utilizada en el cobro de dinero público por servicios no prestados.
En total son diez personas las relacionadas en el caso Botín Registro de la Propiedad cuyo monto defraudado asciende a 179,000 quetzales (unos 22,300 dólares), dinero que fue repartido en compras sospechosas y por las que ya se encuentran en prisión Gladys Anabella De León Ruiz y otros exfuncionarios del gobierno anterior.
Uno de los amigos íntimos de Jimmy Morales también está relacionado al caso, Gilmar Othmar Sánchez Herrera, quien financió la campaña del partido gobernante y cuya cercanía con Morales le sirvió para ser electo como diputado del Parlacen. Es dueño del restaurante cuya factura pone en aprietos a la familia presidencial.
La fiscal Aldana aclaró que el presidente hasta el momento no está vinculado al caso. «Por el bien del país, esperamos que el presidente Jimmy Morales no esté involucrado», dijo.
Corrupción es corrupción
La mancuerna que existe entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, y la jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, no se detiene en tocar gobiernos. Sus investigaciones para acabar con la impunidad en este país centroamericano han hecho que al menos 602 empleados y exfuncionarios gubernamentales se encuentren en prisión o ligados a procesos penales.
El comisionado Iván Velásquez ha dicho que la Cicig está colaborando con las instituciones de investigación locales para borrar del mapa las secuelas de impunidad que han reinado en Guatemala y permitido el robo de los recursos del Estado.
Los sectores críticos del papel de la Cicig y del Ministerio Público cuestionan que se le preste atención a un caso que no involucra una suma “relevante” de dinero público. Velásquez respondió a estos señalamientos diciendo: “No es asunto de menor o mayor (cantidad de dinero), lo que significa es el papel de los funcionarios del Estado frente a los recursos públicos”.
El mensaje detrás de este caso es un llamado de atención a la sociedad sobre actividades “comunes” –como prestar facturas, crear empresas para participar en convocatorias del Estado y conseguir contratos, no pedir facturas, evadir impuestos– que ante la ley pesan lo mismo que extraer millones del erario público.
Velásquez lo explica de esta manera: “Se están diseñando en todas las instituciones del Estado prácticas corruptas cuando las instituciones requieren servicios o bienes. Se llega al punto de crear necesidades para sustraer fondos”.
