Tucson Arizona.- El concejo de la ciudad de Tucson aprobó por unanimidad una resolución para proteger los derechos de los inmigrantes indocumentados ante la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
La resolución aprobada este martes, prohíbe al Departamento de Policía que coopere con las autoridades migratorias en redadas y detenciones de inmigrantes.
“No nos queremos involucrar en redadas que posiblemente el presidente Trump quiera hacer”, dijo Regina Romero, concejal de la ciudad. «Protegeremos a todos los miembros de nuestra comunidad sin importar su estatus».
Los concejales dijeron que está decisión se debe a los niveles de ansiedad y miedo que están viviendo miembros de la comunidad ante la promesa de deportaciones masivas durante la próxima administración.
Así mismo, Romero enfatizó que la medida ordena que los policías no pueden «‘parar a las personas porque piensen o sospechen que están aquí indocumentados».
El alcalde de la ciudad, Jonathan Rothschild, busca que esta medida genere tranquilidad en la comunidad y estén conscientes de sus derechos y los recursos con los que cuentan.
El alcalde aclaró que la aprobación de esta regulación no convierte a Tucson en una «ciudad santuario», un término que dijo solo causa controversia y es utilizado como un arma política.
«Tucson sigue siendo una comunidad de acogida de inmigrantes con recursos disponibles para ayudar a los visitantes, residentes permanentes y aquellos que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses naturalizados y nada de eso va a cambiar», señaló Rothschild.
La Ciudad de Tucson ha proporcionado una guía de recursos de cuatro páginas para familias de inmigrantes en inglés y español.
Guía de recursos de la ciudad de Tucson
Defensores de los derechos civiles que asistieron a la junta del concilio aplaudieron la decisión.
«Es importante que la Ciudad tome esta posición de liderazgo porque nosotros hemos vivido en Arizona algo muy fuerte», sostuvo Isabel García, representante de la Coalición de Derechos Humanos. Ella se refirió a la controversial Ley SB1070, que permite a los policías cuestionar el estatus migratorio de una persona cuando tenga sospechas razonables de que se encuentra en el país sin documentos legales.
Por su parte, el Cónsul de México, Ricardo Pineda, señaló que se suman a este evento como consulado ofreciendo todos sus recursos para la protección de la comunidad.
»Estamos aquí para acompañar cualquier proceso en el que se piense que la autoridad ha violado sus derechos», agregó Pineda.
Con esta decisión, Tucson se une a otras 38 ciudades a nivel nacional que ya han aprobado medidas similares para proteger a la comunidad inmigrante.
