Washington.- La tercera semana de junio el Tribunal Supremo falló 4-4 en la revisión de la Acción Ejecutiva. El empate mantuvo vigente el dictamen cautelar de una corte de Brownsville, Texas, emitido el 16 de febrero de 2015.
El dictamen en cuestión frenó la puesta en vigor de dos programas:
- DAPA, que amparaba de la deportación a unos 4.2 millones de padres indocumentadosde ciudadanos y residentes legales; y,
- DACA Ampliado, que extendía los beneficios de la Acción Diferida de 2012 para amparar de la deportación a unos 800,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país y se les conoce como dreamers.
“Nuestros hijos nos vieron llorar cuando la Corte entregó el veredicto”, dijo Saucedo. “Pero a la misma vez ellos verán nuestra fortaleza, la verán”.
La activista señaló que a pesar del miedo a las redadas y las deportaciones, “es muy importante continuar organizando a nuestra comunidad, empoderando a más mujeres, madres y soñadores. Queremos que nuestra comunidad conozca los derechos que tenemos aun siendo inmigrantesindocumentados”.
La postura de Obama
Obama calificó la decisión del Tribunal Supremo de «frustrante» y dijo que era «desgarradora para millones de inmigrantes». Y agregó que aquellos inmigrantes que calificaban para el alivio de sus deportaciones y no han cometido ningún crimen, no son una “prioridad de deportación” para su gobierno.
“Pero eso no es suficiente”, dijo a Univision Noticias Cristina Jiménez, directora fundadora de United We Dream. “Las deportaciones no se han detenido y no hay indicios de que vayan a frenarse”.
En los ocho primeros meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 31 de mayo pasado) la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) deportó a 155,125 indocumentados y de ellos 64,100 (41.3%) no tenía antecedentes criminales. Un promedio diario de 644 expulsados.
“Estamos persiguiendo al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional(DHS, por si sigla en inglés) Jeh Johnson por todo el país para exigirle que pare las deportaciones”, dijo Jiménez. “En lo que va de las dos Administraciones del Presidente Obama, ya son casi 3 millones de deportados”.
Obama ha reiterado que el sistema migratorio vigente se encuentra “roto” y que la solución de fondo al problema de los 11.3 millones de indocumentados pasa por la reforma migratoria en el Congreso.
Simultáneo a la reacción de Obama, un grupo de siete representantes republicanos cuyos cargos dependen del voto latino en los comicios de noviembre, hablaron por primera vez desde la aprobación del plan de reforma migratoria por parte del Senado en 2013. “El pueblo estadounidense espera que el Congreso trabaje en conjunto para asegurar nuestras fronteras, se adhieran a la regla de la ley, ofrezcan una solución humana a los que viven en las sombras, modernicen nuestro sistema de visas e impulsen la economía”, dijeron los congresistas Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen, Carlos Curbelo, Fred Upton, Mike Coffman, Dan Newhouse, David Valadao, Jeff Denham y Bob Dold.
Sin consuelo
Desde el 27 de junio de 2013, cuando el Senado aprobó un proyecto bipartidista de reforma migratoria, las opciones de un debate en la Cámara de Representantes han sido nulas, reconoce el liderazgo republicano que controla el Congreso.
“Sabemos que las redadas continuarán y por ningún motivo pensamos que un cambio de gobierno nos traerá una reforma migratoria o un paro a las deportaciones en bandeja de plata”, dijo Saucedo. “Debemos nosotros cambiar el Congreso que ha frenado todo intento de lograr cambiar nuestro sistema migratorio a uno más justo, comprensivo y permanente para millones de familias”.
La solución, plantean las organizaciones, radica en el voto que decidirá al nuevo presidente el martes 8 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir al sucesor de Obama.
