Charleston.- Antonio Rojas Rodríguez tenía todo para triunfar en la universidad. Llevaba buenas calificaciones, había sacado tiempo para actividades extracurriculares y trabajo cívico, tenía la certeza de lo que quería estudiar y la carta de admisión a sus sueños. Pero una injusticia burocrática estuvo a punto de echarlo todo por el suelo.
De acuerdo con Antonio, como era hijo de indocumentados, las autoridades universitarias presumieron que él también lo era y le negaron la matrícula como residente en el estado de Carolina del Sur.
Por eso, no podría acceder a becas gubernamentales para pagarla, aunque hubiese pasado allí los últimos 10 años de su vida, aunque fuese más sureño que muchos sureños, nacido en el corazón de Mississippi.
«Nunca me imaginé que me toparía con algo así. Yo asumí que no más, voy a la escuela, hago bien las cosas, hago lo que me dicen mis papás, mis maestros, y todo saldría bien», cuenta el joven de 20 años de edad, relatando su versión del sueño americano universitario que de golpe se le convirtió en pesadilla.
Su caso, aunque raro, no es único. En 2012, tribunales en Florida y New Jersey ordenaron enmendar reglamentos estatales que consideraban no residentes a los ciudadanos estadounidenses hijos de indocumentados, y por lo tanto no elegibles a las tarifas reducidas para residentes en las universidades públicas o a becas.
Un estudiante radicado en un estado puede llegar a pagar hasta la mitad en una universidad pública de lo que que paga un estudiante de otra jurisdicción, por lo que tales determinaciones podrían hacer o deshacer una carrera universitaria.
Antonio nació en 1995 en Carthage, en el centro de Mississippi, de padre y madre mexicanos, él de Guerrero, ella de Oaxaca. Como tantos otros miles de indocumentados, sus padres vivieron en varios estados del sur siguiendo el empleo allí donde estuviera, en fábricas, construcción, tabacaleras o siembras.
Finalmente se radicaron en Summerville, en Carolina del Sur, de donde se graduó Antonio de la secundaria con un promedio de 3.3.
“Todo el high school yo tenía planeado estudiar, sacar buenas notas, ojalá agarrar buenas becas”, relata el estudiante, que entre actividades fue miembro de la organización estudiantil Future Business Leaders of America y ganador de un Hispanic Heritage Foundation Youth Award por su compromiso con el servicio comunitario.
En 2015 recibió la carta de admisión del College of Charleston: «Estaba muy alegre, obviamente todo mi esfuerzo en la high school, el esfuerzo de mis padres para darme lo que necesitaba para estudiar, todo llegó a este momento», cuenta Antonio, quien además fue el primero de su familia en tener la oportunidad de ingresar a la universidad.
Sin embargo, la alegría duró poco. «Me llegó un e-mail diciéndome que había un problema con mi calificación como no estudiante del estado. Llamé, no pensé que era algo grandioso (importante), yo pensé que con unos documentos lo iba a poder arreglar».
Pero en la universidad le dijeron que había sido declarado no residente del estado, porque sus padres, indocumentados, tampoco eran considerados residentes. «‘Entonces tú tampoco eres residente de este estado’, así mismo me dijeron», relata el joven.
Bajo esas reglas, Antonio no calificaba para la tarifa de matrícula reducida ni para la beca estatal LIFE de hasta $5 mil dólares. El estudiante no tuvo ningún problema, sin embargo, completando el formulario de ayuda estudiantil federal, FAFSA, que se utiliza para solicitar la Beca Pell.
La matrícula en el College of Charleston para el actual año académico es de $10,900 para los residentes de Carolina del Sur, y de $28,444 para los no residentes. Por lo tanto, ser declarado estudiante extranjero mataba su sueño de estudiar.
«Simplemente no me iba a alcanzar el dinero… no era opción. Si no podía tomar la residencia del estado no iba poder ir a la universidad aquí», dice.
El joven pasó por momentos de estrés, angustia: «Me empecé a preguntar si esto valía la pena, si tal vez me debía ir a trabajar, o abrir mi propio negocio o algo diferente a seguir la ruta a la universidad».
Pero dice que fue su madre quien lo obligó a buscar una solución. «Ella obviamente me decía ‘no te vas a quedar con las manos cruzadas, llama a alguien, pregunta, haz algo'», cuenta Antonio.
Eventualmente llegó a la organización de defensa de los derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC), y dice que allí recibió la sorpresa de que había más estudiantes en su situación, nacidos y criados en Estados Unidos, y con padres indocumentados, quienes querían demandar al estado.
Los jóvenes eran Cristal Carreno, de la misma edad de Antonio y estudiante en Converse College, y Alan Velásquez, quien había solicitado admisión al Trident Technical College y también lo habían clasificado como no residente a pesar de haber estado radicado en Carolina del Sur durante los pasados 17 años, según documentos judiciales.
El caso de Cristal era distinto, pues a pesar de haber sido clasificada como no residente había ingresado al college y estaba en tercer año, pagando colegiatura completa y sin acceso a becas estatales para las que calificaba. Sin embargo, enfrentaba el cuarto año de estudio con necesidad de asumir grandes deudas y tomar un segundo empleo para pagar su educación.
Tras pensarlo un poco, y preocupado por las consecuencias que pudiera tener para su familia exponerlos a la tribuna pública, Antonio dice que decidió demandar a cada uno de los miembros de la SCCHE para remediar su situación.
«No quería hacer pública la información de mi mamá… Me preocupaba si todo esto valía la pena, arriesgar a mi familia para algo que no sabía si iba a suceder o no, pero después de pensarlo bien, hablarlo con mi mamá, nos dimos cuenta de que es mejor hacer y ver qué pasa, que nunca hacer y quedarse en el mismo lugar de siempre», dice.
«Ellos sabían que esto estaba pasando porque hace un par de años. Antes de presentar esta demanda ayudamos a un estudiante a entrar a la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, la institución pública más grande del estado, y ellos sabían lo que ocurría. Simplemente no hicieron nada para arreglarlo hasta que fueron forzados», aseguró Knoepp.
La demanda se presentó en junio, y en agosto un juez federal «básicamente los forzó a tomar la posición de que no considerarían más el estatus de inmigración de los padres» de los jóvenes al tomar decisiones sobre la residencia de los estudiantes, dijo Knoepp.
En octubre de 2015, la SCCHE envió una directriz aclarando que el estatus migratorio de los padres de un ciudadano estadounidense no debe incidir en la determinación de residencia del estudiante, para fines de colegiatura y acceso a ayuda financiera estatal.
De acuerdo con esta directriz, el estudiante tiene a su disposición un proceso de apelación si se determina que no es residente pero advierte que «la decisión del colegio universitario o universidad en torno a la residencia del alumno debe ser final».
La demanda sometida por Antonio, Cristal y Alan se retiró el pasado mes de abril. Todos se pudieron inscribir en los distintos colegios a los que habían solicitado. Y en el caso de Cristal Carreno, que había pagado su college como no residente y sin ayuda financiera, el estado le aplicó la colegiatura y becas correspondientes, y le reembolsó retroactivamente lo que pagó de su bolsillo para estudiar, explica Knoepp.
«Siempre hay ayuda, hay que pedir ayuda, no hay que quedarse con las manos cruzadas, hay que moverse, hacer algo para que escuchen tu voz… especialmente si es algo tan injusto como esto», dice Antonio.
