Virginia.- Activistas proinmigrantes instaron este viernes al Departamento de Justicia a que apele la orden del juez federal de Texas, Andrew Hanen, de entregar una lista detallada de los 100,000 “Dreamers” que recibieron beneficios migratorios en 2015, afirmando que se trata de una “cacería de brujas”.
Por ahora, el Departamento de Justicia ha dicho que se opone “enérgicamente” a la orden del juez federal en Brownsville, pero no ha precisado cuáles serán sus siguientes pasos.
Entre los posibles escenarios, la Administración Obama puede apelar la orden y, de ser necesario, llevar el caso hasta el Tribunal Supremo, que en junio próximo ya prevé emitir un fallo sobre la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, conocido como DACA+, y uno similar para adultos con hijos ciudadanos y residentes legales, conocido como DAPA.
Hanen, un férreo crítico de la política migratoria de la Administración Obama, exige una lista de los aproximadamente 100,000 indocumentados que recibieron permisos de trabajo de tres años entre diciembre de 2014, cuando Texas y otros 25 estados demandaron al gobierno, y el 16 de febrero de 2015, cuando el juez frenó la puesta en marcha de los alivios migratorios.
Cerca de 18,000 personas que recibieron por error los permisos después del 16 de febrero, ya los regresaron por solicitud del gobierno.
Aunque Hanen ha prometido mantener bajo sello judicial la lista, el temor de los activistas es que ésta sea usada para intimidar a los jóvenes, o impedir que éstos se inscriban si el Tribunal Supremo da luz verde a los alivios migratorios.
Hanen no es imparcial, aseguran
Durante una conferencia telefónica, activistas proinmigrantes dijeron que lo correcto es que el Departamento de Justicia apele la orden, y además tome medidas para que Hanen sea retirado del caso de los alivios migratorios porque, a su juicio, no ha sido “imparcial”.
Hanen “ha demostrado claramente que no es un juez imparcial en este caso, como requieren los códigos de ética, y espero que los jueces del Tribunal Supremo emitan un fallo fuerte y favorable para que este caso sea implementado”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC).
Por su parte, Lynn Tramonte, subdirectora de “America´s Voice, cuestionó cuál será el uso legítimo de la lista porque, a su juicio, “no hay razón legítima para que los gobiernos estatales tengan los nombres y direcciones de la gente”.
“La motivación detrás de todo esto es pura intimidación contra la gente, que aparentemente el juez Hanen no cree que debería estar acá”, argumentó.
Para Adrián Reyna, un organizador comunitario con el grupo “United We Dream”, no cabe duda de que Hanen está jugando a una “cacería de brujas contra los inmigrantes”, y pidió que el Departamento de Justicia presente una moción para que el juez sea retirado del caso.
Reyna, un beneficiario de DAPA de 2012, advirtió de que esta orden pondría en peligro la seguridad de la comunidad y de los eventuales beneficiarios de los alivios migratorios, incluyendo su hermana.
El otro gran temor es que que pasará con los datos personales de los beneficiarios si llegase a ganar la presidencia el republicano Donald Trump, quien ha prometido eliminar los alivios migratorios y deportar a toda la población indocumentada.
¿Qué pide Hanen y por qué?
En su orden de 28 páginas de ayer, Hanen dio plazo hasta el próximo 10 de junio para que el Departamento de Justicia entregue la lista de los “Dreamers” que recibieron permisos de tres años, en vez de dos años bajo el anterior programa de “acción diferida” (DACA) de 2012.
Esa lista previsiblemente incluye a unos 100,000 “Dreamers” que, siguiendo las directrices de noviembre de 2014, renovaron sus permisos por un plazo de tres años.
Hanen quiere los nombres, direcciones, número de archivo y fecha en que los inmigrantes recibieron o renovaron los permisos entre el 20 de noviembre de 2014 y el 3 de marzo de 2015, aún si éstos fueron regresados.
También quiere que el Departamento de Justicia explique cómo piensa cumplir con el requisito de que sus abogados tomen cursos sobre ética legal.
Hanen cree que los abogados del Departamento de Justicia le mintieron deliberadamente sobre la puesta en marcha de los alivios migratorios y que, peor aún, el gobierno continuó emitiendo permisos cuando ya había frenado los programas en cuestión.
Pero Hincapié dijo que, tras revisar renglón por renglón las deliberaciones, queda claro que los abogados precisaron que el 18 de febrero entraría en vigor el nuevo DACA+, pero el DACA de 2012 “no es parte de esta demanda”.
Según el abogado de Inmigración, David Leopold, la acusación de Hanen “no tiene fundamento” y es más probable que todo haya sido un “mal entendido” del Departamento de Justicia sobre qué información estaba pidiendo el juez antes de emitir su fallo contra los alivios migratorios.
“Es algo completamente indignante. Se está aprovechando de una ambigüedad en las discusiones… en todo caso, el ‘remedio’ que ha ordenado excede con creces lo que ocurrió, porque castiga a los Dreamers, a la gente que contribuye a este país y no hicieron más que cumplir con las directrices del Departamento de Seguridad Nacional”, puntualizó Leopold.
