Ciudad de Guatemala.- El ex-presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente, Roxana Baldetti, se enfrentan a un nuevo juicio por corrupción acusados de lavado de dinero y otros activos. El ex secretario privado de la Vicepresidencia y hombre de confianza de ambos, Juan Carlos Monzón Rojas, convertido en “colaborador eficaz” de la Fiscalía, reveló con lujo de detalles la manera en que se “blanquearon” millones de dólares, fruto de las sobornos pactadas.
De acuerdo al expediente, incoado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la fiscalía, la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) aceptó supuestamente pagar 24,5 millones de dólares a una red mafiosa liderada por Pérez y Baldetti. A cambio, la TCB obtuvo en usufructo por 25 años el control en monopolio de las importaciones y exportaciones del puerto marítimo más importante de Guatemala.
Pagos desde prisión
La acusación logró establecer que los negociadores de Pérez y Baldetti funcionarios de alto nivel acordaron que el pago se haría en la divisa norteamericana y en efectivo. Los 10 primeros millones debían de abonarse en el segundo semestre de 2013; los siguientes 10 a principios de 2014; y el resto entre abril y octubre de 2015. La destitución de Pérez y Baldetti rompió el esquema. No obstante, los políticos llegaron a cobrar 4,2 millones cada uno.
“Sabemos que ha habido intentos para que el pago de las cuotas restantes se completara aun cuando Pérez y Baldetti se encuentran ya privados de libertad”, explicó el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, durante la rueda de prensa en la que destapó el escándalo el pasado viernes. Velásquez aclaró que no se sabe si el cobro fue consumado.
El expediente detalla diversas infracciones en la constitución de la empresa: fue firmada por una persona que no tenía la calidad para hacerlo; el Banco Mundial concedió un crédito de 61,3 millones de dólares para la construcción de la infraestructura y posee el 15 de las acciones; y el Reglamento nunca se publicó en el Diario Oficial.
El Gobierno de Guatemala, por medio del titular de Fianzas, Julio Estrada, anunció el martes que se trabaja en una estrategia que permita al Estado solventar la situación a su favor: “El caso apunta a favor del Estado, pero no hay que correr. Hay que ser cuidadosos en la búsqueda de la salida jurídica”.
