New York.- Cuando el próximo lunes 18 de abril la Corte Suprema de Justicia celebre la audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de la Acción Ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes estarán afinando los detalles del “Plan B”, una alternativa que en el 2013 era el plan original.
No se trata de presionar a la Casa Blanca para que adopte nuevas medidas ejecutivas discrecionales que frenen las deportaciones y concedan permisos de trabajo, sino en salir a las calles y motivar a más de 20 millones de potenciales electores para que se registren y acudan a las urnas en noviembre, cuando los estadounidenses elijan un nuevo Congreso (la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado) y al sucesor de Obama.
“El camino por delante no está garantizado”, dijo a Univision Noticias el inmigrante mexicano indocumentado Carlos Crespo, un activista de la organización CASA Maryland. “En caso de que no vaya a pasar (la Acción Ejecutiva), debemos enfocarnos en las elecciones. Estamos en campaña, todos los días, porque queremos un Congreso que nos escuche y apruebe la reforma migratoria».
De los 22,5 millones de ciudadanos estadounidenses de origen latino, 12,5 millones no se han registrado para votar, dice el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por su sigla en inglés). Y agrega que 8,8 millones de residentes permanentes, de ellos 6 millones de latinos, reúnen requisitos para convertirse en ciudadanos.
El tablero
Tras la muerte del juez Antonin Scalia, el 13 de febrero en Texas, las decisiones de la Corte Suprema quedaron técnicamente empatadas con cuatro magistrados de tendencia liberal (Elena Keagan, Sonia Sotomayor, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer) y cuatro de tendencia conservadora (John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Anthony Kennedy).
Aunque Kennedy es considerado un voto “oscilante” y podría inclinar la balanza a favor del proyecto de Obama.
Sin embargo, nada está escrito y el futuro del beneficio migratorio es incierto porque nada indica que de aquí al verano el Senado vaya a nombrar al sustituto de Scalia, y conocer entonces hacia qué lado se inclinará el voto del máximo tribunal de justicia.
Los escenarios
Con ocho jueces. “Puede haber una decisión con ocho magistrados”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés). Recordó que en 2012 la Corte Suprema decidió 5 a 3 sobre la Ley de Arizona SB1070. La jueza Kegan se abstuvo porque, un año antes, se involucró en la oposición juridicial a la enmienda de bloqueo que emprendió el gobierno.
Empate 4 a 4.
El profesor Stephen W. Yale-Loehr, de la escuela de leyes de la Universidad Cornell, explicó a Univision Noticias que en caso de un empate 4 a 4, el fallo del tribunal inferior prevalece como si el Supremo nunca hubiese escuchado el caso”. Agregó que “esto significa que la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito permanecería en su lugar”.
Sin decisión.
La abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, advierte que en el supuesto caso de un empate, los magistrados “pudieran detener la votación para que la decisión final sobre la Acción Ejecutiva no se quede en un limbo”.
Después del empate.
Si hay empate 4 a 4 y prevalece la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans, “no le quita el derecho al gobierno de acudir a otra corte (instancia) de Apelaciones -quedan 11 más- que pueden decidir a favor de DAPA y DACA, como por ejemplo el 9º o el 2º Circuito”, dice Nieblas. Si este es el caso, “si otra corte de apelaciones decide que sí (pueden entrar en vigor los programas de la Acción Ejecutiva suspendidos por el tribunal de Texas), entonces se respetará DAPA y DACA en esa jurisdicción. Esto significa que las personas se tuvieran que cambiar de domicilio”.
Que todo sigua igual.
Podría convertirse en el peor de los escenarios. Si la Corte Suprema decide esperar a que el Senado nomine al sucesor del juez Scalia y lo haga una vez que Obama entregue el poder a su sucesor, las cosas se quedan tal y como están en estos momentos: los indocumentados en el limbo y expuestos a una dura política de deportaciones.
A favor de DAPA y DACA.
Es la respuesta que espera el gobierno y 5 millones de inmigrantes indocumentados desde el 20 de noviembre de 2014.
