Tegucigalpa.- La hondureña Dania Palma será uno de los cientos de inmigrantes que el 18 de abril asistirá a la audiencia pública sobre la Acción Ejecutiva en la Corte Suprema de Justicia. “Esperamos que los magistrados voten a favor (del beneficio migratorio) para que pongan fin a las redadas de quienes tenemos hijos estadounidenses”, agregó la inmigrante, cuyo marido fue deportado en agosto y asesinado en septiembre del 2015 por una banda criminal en Honduras.
La Acción Ejecutiva migratoria fue anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre del 2014. El beneficio ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país (que se conocen como dreamers) y están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).
Dos semanas después de anunciado, un grupo de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandaron el programa argumentando que Obama se había extralimitado en el uso de su poder ejecutivo, y que violó la Constitución al cambiar la ley algo que sólo le compete al Congreso.
El 16 de febrero del año pasado una corte de distrito en Brownsville, Texas, frenó la entrada en vigor de DACA y DAPA, fallo que fue ratificado en noviembre por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, Louisiana.
El 20 de noviembre el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise la Acción Ejecutiva. El máximo tribunal de justicia fijó audiencia para el lunes 18 de abril para que los abogados del gobierno y de los estados demandantes expongan sus argumentos.
El fallo será conocido en el verano.
Deportación y muerte
El esposo de Dania fue arrestado el 23 de julio del 2015 en Miami por una infracción de tránsito. La policía, al percatarse que no tenía licencia de conducir y estaba indocumentado en el país, lo entregó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
“A César (Alberto, 36 años) lo deportaron los primeros días de agosto, a Honduras. Él pidió que no lo hicieran porque su vida corría peligro, pero no lo escucharon. El 21 de septiembre, dos días antes de emprender un viaje para regresar acá con su familia, lo mataron”, cuenta Dania. “Él no tenía antecedentes criminales”.
César Alberto Ramírez había sido arrestado en la frontera de Texas en 2001 cuando intentó ingresar indocumentado al país. A los pocos días lo deportaron.
“En este tipo de casos, cuando una persona fue deportada y luego regresa sin autorización al país, en el momento que cruza le cae encima un castigo de por vida, no califica para ningún tipo de beneficio migratorio”, explicó a Univision Noticias el abogado Álex Gálvez.
“Pero hay algunas excepciones cuando la vida de una persona corre peligro en el lugar donde fue deportado. En esos casos puede hacer una petición de asilo”, agregó.
El abogado Ezequiel Hernández agregó que las personas que fueron deportadas y volvieron a entrar de manera irregular en el país sí pueden beneficiarse de DAPA porque «no se trata de un beneficio de inmigración sino de un amparo, y esta falta no se incluye entre las prioridades de deportación del 20 de noviembre de 2014».
Ramírez no lo sabía y no tuvo la oportunidad de presentarse en la frontera y argumentar que temía por su vida en Honduras.
“Mi esposo calificaba para DAPA”, dijo Dania. “Si no lo hubiesen deportado estaría aquí conmigo y mis hijos esperando a que la Corte Suprema falle a favor de la Acción Ejecutiva y pidamos el amparo de nuestras deportaciones porque somos padres de un niño estadounidense”.
