Los abogados del presidente Donald Trump no lograron detener la demanda presentada por los fiscales de los estados de Maryland y el Distrito de Columbia que acusan al presidente de violar la Constitución al seguir haciendo negocios a través de sus empresas con representantes de gobiernos extranjeros.
El juez de distrito Peter Messitte determinó que el caso tiene méritos suficientes para seguir y que los demandantes podrán interrogar a empleados de la Organización Trump y solicitar los registros para determinar qué funcionarios extranjeros han contratado servicios del Hotel Trump en Washington DC.
El argumento de los demandantes es que el presidente está violando la llamada Cláusula de Emolumentos, una antigua provisión constitucional que prohíbe a los funcionarios estadounidenses aceptar “emolumentos de reyes, príncipes o estados extranjeros” para evitar que sean económicamente manipulados.
El Departamento de Justicia ni los abogados de Trump han reaccionado a la decisión del juez Messitte, aunque podrían anunciar que apelarán el fallo ante una corte superior.
La demanda fue presentada el año pasado por los fiscales generales Karl Racine, del DC, y Brian Frosh, de Maryland. Ambos son demócratas.
En marzo pasado, la iniciativa de Racine y Frosh superó un primer obstáculo cuando el juez determinó que emboa tenían la potestad de demandar al presidente, algo que el Departamento de Justicia ponía en cuestión.
Sin embargo, el juez Messitte limitó la demanda a los negocios del Hotel Trump, ubicado a pocas cuadras de la Casa Blanca. Originalmente los fiscales demandantes querían hacerlo extensivo a otras propiedades de Trump.
¿Qué es un emolumento?
Para el diccionario de la Real Academia Española, emolumentos es la “remuneración adicional que corresponde a un cargo o empleo”.
En inglés, de acuerdo con el dictionario Merrian-Webster, son “los ingresos levantados en una oficina o empleo usualmente en la forma de compensaciones o gratificaciones”
La intención de los redactores de la carta magna estadounidense era que los funcionarios de la naciente nación no se vieran tentados por riquezas y negocios que pudieran ofrecerles los imperios europeos de la época.
Trump en cambio, aunque ha renunciado a sus cargos en la corporación familiar, sigue teniendo la propiedad de sus empresas y recibe dinero producto de las ganancias de estas.
Desde que llegó al poder, cuando quedó claro que Trump no seguiría el ejemplo de sus predecesores, se levantaron voces de alarma entre quienes consideraban que algunos gobiernos extranjeros y empresas podrían tratar de aproximarse al gobierno haciendo negocios en las propiedades del mandatario, quien posee varios hoteles y campos de golf.
En el hotel Trump de Washington DC la embajada de Kuwait y Filipinas han realizado banquetes, y líderes de Malasia y Rumania han estado alojados en sus habitaciones
De acuerdo con la demanda, en el contexto moderno, emolumentos debe entenderse como cualquier transacción que dé a Trump “beneficios, ganancia o ventaja”, algo en lo que entraría los pagos por servicios y alojamientos en el Hotel Trump.
El Departamento de Justicia, que está a cargo en este caso de la defensa del presidente, argumenta que eso distorsiona el sentido original de la Constitución y que esos pagos no representan un “regalo”, como indica el texto constitucional.
Si el caso siguiera su curso, los demandantes podrían terminar solicitando más información sobre las finanzas personales de Trump, incluso sus declaraciones de impuestos, unos documentos que Trump no presentó cuando candidatos, rompiendo la tradición de décadas en la política estadounidense.
El presidente enfrenta otra demanda presentada por 200 demócratas del Congreso en la que exigen a un juez que ordene al presidente a solicitar la aprobación parlamentaria antes de aceptar emolumentos o pagos de gobiernos extranjeros.
