Los Ángeles – EEUU.- El Congreso de California aprobó, el pasado martes, un proyecto de ley que considera a los conductores de Uber y Lyft empleados de esas “start-ups”. La norma, conocida como AB5 e impulsada por la legisladora Lorena González, de San Diego, ataca el modelo de negocio de ambas empresas.
Desde su irrupción en el mercado, tanto Uber como Lyft se han valido de la ubicuidad de la internet y de la existencia de los teléfonos inteligentes para reclutar a un ejército de conductores que, con sólo descargar una aplicación, han podido enrolarse en las filas de una de las dos compañías.
Una vez adentro, a cada chofer se le ha considerado un “contratista independiente”, que trabaja a su suerte, sin jefes, sin horarios y obteniendo ganancias en función del tipo y cantidad de viajes que realizan en medio de su jornada.
Gracias a esa dinámica, Uber ha logrado posicionarse, por ejemplo, como la empresa de transporte más grande del mundo. Actualmente, tiene 91 millones de clientes habituales y cerca de cuatro millones de “socios” a los que paga por servicio realizado.
Sin embargo, con la implementación de la AB5, su suerte (y la de Lyft) podría cambiar. Al ser considerados como trabajadores, los choferes que formen parte de una u otra “start-up” quedarían bajo la protección de las leyes laborales, al menos en el estado de California.
En consecuencia, los conductores podrían crear sindicatos, demandar el pago del salario mínimo vigente en Estados Unidos o exigir otras reivindicaciones, siempre y cuando estén amparadas por la legislación.
