Un juez ha decretado este jueves que el Gobierno puede finalizar a partir del próximo 13 de septiembre el programa que financia el alojamiento en territorio estadounidense de familias puertorriqueñas desplazadas por el huracán María. Esta resolución ha levantado las críticas de las ONG por «dejar sin techo a familias y niños».
El magistrado Timothy Hillman, titular en una corte federal de Massachusetts, ha rechazado una solicitud presentada por un grupo de derechos civiles para evitar que la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) acabe con este programa.
Anteriormente, este magistrado dictó una orden temporal que obligaba a la FEMA a seguir con el pago de las habitaciones de hoteles y moteles en las que se alojan centenares de puertorriqueños. Cuando la demanda se inició, 1,744 afectados se beneficiaban del programa en distintos puntos de Estados Unidos.
No obstante, el fallo de este jueves urge «a las partes a trabajar juntas para encontrar alojamiento temporal u otra asistencia» a los afectados.
«Esta decisión es indignante y otra bofetada para los miles de puertorriqueños desplazados, que no han recibido más que un tratamiento vergonzoso del gobierno de EE.UU. después de que el huracán María casi destrozase la isla», señala en un comunicado Julio López Varona, de la ONG Center for Popular Democracy.
Según López Varona, poner fin a este programa supone «dejar sin techo y a su suerte a familias con niños después de que la FEMA admitiese no haber dado una asistencia adecuada para la recuperación» de la catástrofe.
Un estudio publicado este martes revela que murieron al menos 2,975 personas en Puerto Rico entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 tras el paso del huracán María. La cifra oficial reportada fue de 64 personas y puesta en duda el pasado mayo por un reporte independiente de la Universidad de Harvard alegando que era de miles.
