Guatemala – La Comisión Pesquisidora, que analiza el antejuicio presentado contra el presidente Jimmy Morales, aprobó ayer el cronograma de trabajo para avanzar en la discusión de esa denuncia. Los cinco integrantes acordaron que presentarán el informe final en octubre próximo, después de escuchar, en audiencias, a los involucrados.
“Es un cronograma que está dentro del plazo supletorio establecido en ley”, indicó el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Fidel Reyes Lee. Las actividades, que concluirán el 25 de octubre, incluyen: estudiar el expediente de más de cinco mil folios, lectura de las partes conducentes, escuchar al Ministerio Público (MP), a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a terceros y, por último, al mandatario.
El presidente de la pesquisidora, Luis Fernando Montenegro, indicó que será importante que los integrantes de la Comisión tengan toda la información sobre el tema, tal como lo requiere el Congreso. Explicó que el trabajo es amplio ya que son 5 mil 300 folios, además de los audios donde hay información de algunos empresarios que asistieron al juzgado a declarar.
Cronograma
Hasta el viernes 14 de septiembre, cada miembro de la Comisión realizará el estudio del expediente de antejuicio.
Del lunes 17 al viernes 28 de septiembre, se realizará un examen público del expediente del antejuicio, la lectura de las partes conducentes y la escucha de audios. Del lunes 1 al domingo 14 de octubre tendrán lugar las audiencias para oir a los promotores del antejuicio y al Presidente de la República.
Del lunes 15 al viernes 19 de octubre, la pesquisidora elaborará y revisará el informe circunstanciado.
Entre el lunes 22 y el jueves 25 de octubre se presentará el informe final al Congreso, se informó.
Financiamiento ilícito
En agosto pasado, el MP y la CICIG presentaron la solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Las investigaciones de ambos entes, señalan que el hoy presidente, cuando era el secretario general del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en 2015, recibió fondos que no fueron reportados al TSE y que encuadran en dicho delito.
De los Q7.9 millones que recibieron, Q7.5 millones se gastaron en el pago de fiscales de mesa entre la primera y segunda vuelta electoral en 2015, a ello se le suma publicidad, así como capacitaciones para el binomio presidencial.
