Managua, Nicaragua.- El dictador de Nicaragua Daniel Ortega, despojó a discreción a 94 ciudadanos opositores de la nacionalidad afectando a nicaragüenses que residen en el exterior y otros que todavía están dentro del país, de acuerdo con la resolución leída por el juez Gerardo Rodríguez.
Álvaro Navarro, periodista despojado de su nacionalidad reaccionó en Twitter, «Soy nicaragüense por la gracia de Dios… si creen que me van a poner de rodillas, están enredados. ¡Viva Nicaragua!».
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Esta medida se produce luego de que el gobierno «expulsara» a más de 200 presos políticos a Estados Unidos la semana pasada. En su mayoría estos expulsados son destacados críticos a la gestión del polémico Daniel Ortega.
Dictadura liderada por Daniel Ortega despoja a 94 opositores de su nacionalidad
Por si fuera poco la dictadura de Ortega anunció que tiene planeado despojar a todos los opositores involucrados de la ciudadanía nicaragüense.
Nicaragua retira nacionalidad a 94 opositores.
El gobierno de Daniel #Ortega los declaró traidores a la patria y prófugos de la justicia.
Algunos de los afectados están actualmente en #Nicaragua.
Se desconoce aún cuáles acciones se tomarán contra ellos. /jr pic.twitter.com/0b3hyVvrNq
— DW Español (@dw_espanol) February 16, 2023
Para llevar a cabo esta polémica acción Daniel Ortega reformó el artículo 21 de la Constitución que, según los constitucionalistas se requiere luz verde de dos legislaturas para ser promulgado. Se estima que el próximo será en 2024.
Daniel Ortega y Rosario Murillo quedan en ridículo, una y mil veces. Yo soy nicaragüense, por gracia de Dios. Yo llevo mi Nicaragua y mi Cinco Pinos en la Sangre. Si creen que con esto me van a arrodillar, otra vez se enredan. ¡Viva Nicaragua! https://t.co/nG2MmMfDBy
— Álvaro Navarro 🇳🇮 (@NavarroNewsNic) February 15, 2023
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Finalmente, Daniel Ortega describió la liberación sorpresiva de los presos políticos como un impulso para expulsar del país a criminales provocadores. Al tiempo que Estados Unidos celebró la expulsión de estos 200 opositores como un «paso constructivo», que tiende puente con los derechos humanos del país centroamericano.
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