Washington – EEUU.- Los nueve jueces vitalicios que conforman la Corte Suprema de Estados Unidos tienen, entre sus manos, el caso de tres inmigrantes que recurrieron a la suplantación de identidad para poder acceder a puestos de trabajo.
Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa Lara fueron acusados por utilizar tarjetas de Seguro Social robadas, con la intención de conseguir empleo en varios restaurantes del estado de Kansas.
Luego de ser descubiertos y aprehendidos, los tres indocumentados fueron procesados y condenados. Sin embargo, en 2017 la Corte Suprema de Kansas anuló las sentencias, por considerar que los tres individuos cometieron un delito federal y que la justicia estadal no tenía las facultades para juzgarlos.
Para sustentar su decisión el máximo tribunal de Kansas esgrimió que el “Acta para el Control y Reforma Migratoria de 1986” impide el enjuiciamiento estadal de los inmigrantes. En su explicación, la Corte local señaló que la información contenida en los formularios I-9 (que deben ser llenados por aquellos que aspiran un empleo) sólo sirve para el cumplimiento de las leyes migratorias federales.
Ante tal revés, las autoridades de Kansas decidieron elevar caso a la Corte Suprema del país. Esa instancia conoció los argumentos orales el pasado miércoles, durante una audiencia que evidenció las profundas divisiones entre los magistrados, con respecto al alcance que tiene lo gobiernos estadales para hacer cumplir las normas migratorias impuestas por el Gobierno federal.
El Tribunal Supremo deberá emitir un dictamen sobre el caso de Kansas a más tardar en junio de 2020, cuando concluya su sesión.
