LOS ÁNGELES, California.- Una patrulla le marcó el alto al auto que conducía el mexicano Carlos Nieblas en una carretera de San Diego, California, el pasado 25 de junio. Con él iban su esposa, Martha Valenzuela, y su hija de 14 años. ¿El motivo para detenerlos? Su auto tenía el parabrisas estrellado.
Fue la última vez que esta familia estuvo unida. Según el abogado Daniel Castañeda, el vehículo de su cliente fue inspeccionado por agentes del Sheriff del condado de San Diego, quienes después de enterarse de que Nieblas y Valenzuela son indocumentados le habrían notificado a la Patrulla Fronteriza, que fue por ellos.
Así, ambos terminaron bajo custodia federal y enfrentando un proceso de deportación.
«Un parabrisas quebrado causó que los oficiales los detuvieran», dijo Castañeda a Univision Noticias. «Estuvieron ahí más de una hora y los oficiales no fueron claros con él. Al final no le dieron la infracción por el parabrisas y al parecer llamaron a las autoridades migratorias para detuvieran al señor Nieblas y a su esposa por ser indocumentados», agregó el litigante.
Nieblas, quien se gana la vida en la construcción, logró salir la semana pasada del centro de detención para inmigrantes en Adelanto tras pagar una fianza de 5,000 dólares. Su esposa aún se encuentra en una cárcel de ICE en Bakersfield, en el Valle Central de California. Antes permaneció en una prisión en Otay Mesa. Ella tendrá una audiencia solicitando una fianza el 23 de agosto.
El abogado Castañeda cree que oficiales del Sheriff de San Diego supieron el estatus migratorio de Nieblas porque su licencia, obtenida a través de la ley AB60, tiene la frase «Aplican restricciones federales», la cual no aparece en los documentos regulares. «Es un indicador de que una persona no tiene papeles», comentó el defensor legal.
«Un trauma innecesario»La familia Nieblas, del este de San Diego, tiene estatus migratorio mixto como muchas otras en California: los padres son indocumentados, el hijo mayor es beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la hija menor es ciudadana estadounidense de nacimiento.
Aunque se considera solicitar asilo político para Nieblas y su esposa, por el momento el abogado ha cimentado su estrategia legal en que ambos no tienen antecedentes penales, han vivido en Estados Unidos durante más de 10 años y por sus lazos familiares aquí.
«Ellos tienen una defensa más fuerte (que pedir refugio) por su hija y califican para la cancelación de la deportación», explicó Castañeda, quien criticó que las actuales políticas migratorias «ponen a las familias bajo un trauma innecesario».
Si bien una ley estatal (Trust Act) prohíbe a las agencias policiales locales referir a un indocumentado que no ha cometido un delito grave a las autoridades migratorias, el Sheriff de San Diego ha negado que sus agentes hayan incurrido en alguna falta.
La dependencia aclaró que el vehículo de la familia Nieblas fue detenido durante un operativo que buscaba a traficantes de droga en esa región. «Basándose en otros hechos en el momento de la detención del auto, creían que los ocupantes estaban involucrados en actividades ilegales», señaló su vocero Ryan Keim.
Agentes en la mirilla
El Sheriff de San Diego respondió que solo como parte de la investigación sobre narcóticos, los agentes se pusieron en contacto con la Patrulla Fronteriza para investigar la frecuencia de los cruces fronterizos realizados por las personas detenidas.
«Los frecuentes cruces fronterizos son uno de los indicadores comunes del posible tráfico de drogas», aclaró Keim.
«La investigación no estaba relacionada con el estatus migratorio de las personas detenidas»,agregó el vocero, quien recalcó que el Sheriff de San Diego jamás cuestionó a los detenidos si eran indocumentados, cumpliendo con la política de la corporación, que busca que las víctimas y testigos de crímenes no teman contactarlos.
Pero el abogado de la familia Nieblas cree que la presunta colaboración entre esa agencia y la Patrulla Fronteriza es parte de un comportamiento entre agentes del orden más rígido durante la administración de Donald Trump.
«Antes había un régimen de prioridad conforme al perfil de las personas: basados en la gravedad de sus antecedentes a los oficiales se les exigía que ejercieran su discreción», señaló.
Hasta el 30 de junio (los primeros nueve meses de su año fiscal), ICE deportó a 16,599 indocumentados de los condados de San Diego e Imperial, ambos en la frontera con México, un descenso anticipado si se compara con las 23,719 personas que fueron expulsadas del país durante todo el ciclo fiscal anterior.
Sin embargo, este nuevo gobierno federal ha sacado del país a menos criminales. Solo uno de cada tres inmigrantes deportados hasta el pasado 30 de junio tenía antecedentes penales, según datos de ICE.
