CIUDAD JUÁREZ, México.- » Hey, this is Fernando. I just got out of jail. I’m in the Mexican side now, trying to be in touch with you»
Este es el primer mensaje de texto que Germán Fernando Jiménez envía desde México tras vivir 36 años como inmigrante indocumentado en Estados Unidos. Lleva un par de horas deportado y lo único que conserva de su vida americana es un abrigo oscuro, un pantalón deportivo gris, un suéter rojo y los lentes que se puso para escribir el mensaje desde un celular prestado.
Cuando fue entregado a México, las autoridades lo transportaron a un albergue católico para pasar sus primeras horas. Desde la camioneta, volvió a ver el país del que es nacional: “Está feo, muy opaco, muy tierroso. Se acostumbra uno allí al aire acondicionado y a las calles limpias”.
Llegó a la Casa del Migrante junto a seis mexicanos más acabados de deportar a Ciudad Juárez, urbe fronteriza con Texas y Nuevo México. La segunda ciudad más poblada de la frontera se prepara a contrarreloj por si la administración Trump cumple todas sus directrices: la ampliación de las prioridades de deportación, el envío a México de cualquier latinoamericano pidiendo asilo, el blindaje de la frontera y la separación de madres e hijos al cruzar ilegalmente.
Todo puede tener consecuencias graves en esta ciudad enclavada en medio del desierto, con un millón y medio de habitantes, y que arrastra problemas de violencia, pobreza y narcotráfico todavía enquistados.
Esperamos cifras de deportación más agresivas en un par de meses”, dice Adolfo Castro, a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un organismo público que interviene asuntos migratorios. De momento, no se registró un aumento de mexicanos repatriados, según datos del Instituto Nacional de Migración.
LAS PRIMERAS HORAS EN MÉXICO
“Pásele”. Eso es lo primero que Jiménez, de 57 años, recuerda haber escuchado de los oficiales mexicanos al llegar esta mañana al país.
Desde ese momento empieza un proceso que México asegura que engrasará por si las repatriaciones aumentan en los próximos meses: identifican al migrante que puede llegar sin documento en mano, le dan una ayuda para volverse en autobús a su estado de origen y lo transportan hasta un albergue religioso de la ciudad para darle de comer y ofrecerle alguna noche de acogida.
El más conocido en Juárez es la Casa del Migrante, que recibió recientemente unos 4 millones de pesos (unos 20,400 dólares) de dinero público para amortiguar desde sus instalaciones la llegada de inmigrantes y deportados.
“Ponga aquí su fecha de nacimiento”, le dice Yvonne López, trabajadora de la Casa del Migrante, a Germán. Tras rellenar el formulario, le ofrecen una sopa de lentejas.
Aquí las cosas están por ahora tranquilas, al mínimo de su capacidad, pero ya han preparado nuevas habitaciones y han traído más colchones. La coordinadora, Blanca Rivera, dice que podrían acoger hasta 3,000 repatriados y migrantes.
SIN INTENCIÓN DE RETORNO
Rivera, sin embargo, admite que algo cambió en los nuevos visitantes. “Si antes se reflejaba un rostro de tristeza, ahora todavía más. Ahora lo están dudando. ‘No voy a volver a cruzar porque quien sabe qué va inventar este señor (Donald Trump) el día de mañana”.
Ese miedo agranda el reto para México: deberá absorber a más migrantes y a más deportados que ahora podrían descartar un nuevo cruce clandestino a Estados Unidos.
“A nivel federal, estatal y muncipal va a ser más que un problema presupuestario. Se necesita mucho dinero y mucho valor humano”, prevé Adolfo Castro, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De momento, las cosas empiezan mal. El presupuesto federal de 2017, incluye una reducción a la mitad del llamado Fondo Fronteras y una caída del 13% del Fondo de Atención a Migrantes, según El Diario de Juárez. El gobierno mexicano, además, ha pedido ayuda a las alcaldías para que reciban a los repatriados y varios expertos han advertido de que ciudades como Juárez no están preparadas.
