El Salvador.- La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha provocado incertidumbre, preocupación y reacciones políticas encontradas en El Salvador, un país agobiado por un grave problema de violencia generada por las pandillas, y que ahora debate qué hacer ante la última prórroga de ese beneficio migratorio para unos 200,000 salvadoreños.
“Nos sumamos a la preocupación por el último TPS. Estamos hablando de salvadoreños que tienen 15 o 18 años de vivir en Estados Unidos, lograron hacer un proyecto de vida y tienen un perfil particular.
No está preparado
El último TPS representa una problemática para la que El Salvador no está preparado”, dice Celia Medrano, la oficial de programas de Cristosal, una organización que trabaja por el respeto a los derechos humanos y que asesora a víctimas de desplazamiento forzado por la violencia.
Medrano lamenta que el Estado no ha diseñado políticas para recibir a salvadoreños con arraigo en Estados Unidos que se verían obligados a retornar a su país y dice que sería un error recibirlos con los actuales programas para atender deportados. “El problema es que no hay una política integral que garantice la reinserción y parten de premisas erróneas de que la gente solo se va por razones económicas, pero muchos de los perfiles ganaban aquí 400 o 600 dólares. Hay un error en no reconocer la gravedad de la violencia y cómo se cruza con la migración”.
El factor elecciones
La última prórroga del TPS ha provocado reacciones encontradas en los principales círculos políticos. Mientras desde el oficialismo señalan que se trata de un “éxito”, en la oposición reprochan fallas en la gestión diplomática.
Una parte de ese choque político se explica por las próximas elecciones: en marzo los salvadoreños eligen alcaldes y diputados, y 2019 elegirán un nuevo Presidente.
No es la primera vez que El Salvador enfrenta una posible deportación masiva. A mediados de la década de 1990, Estados Unidos deportó a cientos de jóvenes pandilleros. Esos pandilleros reclutaron a más jóvenes, se organizaron y, ante la ausencia del Estado, se convirtieron en la autoridad de comunidades marginales y pobres. Las pandillas son responsables ahora de buena parte de los homicidios y las extorsiones, y El Salvador es uno de los países más violentos del continente.
