WASHINGTON—El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció HOY la cancelación del “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para cerca de 60,000 hondureños que han tenido ese alivio migratorio desde 1999, con una demora de 18 meses hasta enero de 2020, desoyendo las advertencias sobre el peligro que afrontarían en Honduras y el daño económico a EEUU.
Con este anuncio, el gobierno del presidente Donald Trump pone a los “tepesianos” hondureños y sus familias ante el dilema de regresar a un país con extrema pobreza y una innegable violencia, o quedarse “sin papeles” en EEUU y expuestos siempre a una posible deportación.
Contrario a otras decisiones sobre el TPS, el DHS no hizo conferencia telefónica sino que anunció la cancelación en un comunicado, en el que señaló que las condiciones que originaron esa concesión humanitaria –tras el paso del huracán “Mitch” en 1998- ya no existen.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen decidió cancelar el TPS tras una serie de consultas y recomendaciones en un proceso interagencial, dijo el DHS en un comunicado.
Nielsen “determinó que la interrupción de las condiciones de vida en Honduras tras el huracán Mitch… ha disminuido al grado que no debe considerarse sustancial. Por lo tanto, como lo requiere el estatuto vigente, debemos terminar la designación del TPS”, explicó.
Tendrán hasta el 5 de enero de 2020
Los “tepesianos” hondureños tendrán 18 meses, hasta el 5 de enero de 2020, para planear su salid o buscar “alternativas”, además de que eso dará tiempo a una “transición ordenada” y a las autoridades hondureñas a preparar el regreso y reinserción de sus conciudadanos, agregó DHS.
La nota indicó que los hondureños afectados podrían recibir otras a protecciones bajo las leyes migratorias si reúnen los requisitos. Los que están amparados al TPS tendrán que re-inscribirse y solicitar permisos de trabajo para mantener su protección hasta enero de 2020, y el DHS emitirá instrucciones en su debido momento.
El anuncio no calmó las ansiedades de los hondureños amparados al TPS, que ahora tendrán que buscar la forma de ajustar su estatus migratorio para quedarse en EEUU, o prepararse para una “salida ordenada” del país.
Esa situación se agrava por el hecho de que tienen 53,500 niños nacidos en EEUU y tendrían que escoger entre llevárselos o dejarlos con terceros.
Sin más “comodines”
El TPS es un programa humanitario autorizado por el Congreso en 1990 para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países por desastres naturales, conflictos civiles, u otras circunstancias extraordinarias temporales.
Honduras entró en la lista de TPS el 5 de enero de 1999 debido a la estela de daños ambientales que dejó “Mitch” el año anterior. La última prórroga de dos años fue el 16 de mayo de 2016, y vencía el pasado 5 de enero. Pero en noviembre de 2017, al no tomar una determinación final, la agencia dijo que continuaría evaluando la situación en Honduras y dio una prórroga hasta el próximo 5 de julio.
Por reglamento, el DHS tenía hasta el próximo domingo para hacer el anuncio, pero la agencia decidió hacerlo hoy viernes.
Oídos sordos
La decisión del DHS no tomó por sorpresa a nadie, ya que, desde que el presidente Donald Trump asumió el poder el año pasado, su gobierno comenzó a desmantelar el TPS, que ha dado cobijo de la deportación y permisos de trabajo a poco más de 320,000 inmigrantes.
Ya lo hizo anteriormente para los “tepesianos” de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Liberia y Nepal.
Así, la Administración hizo caso omiso a la intensa campaña de presión que desde el año pasado llevaron a cabo líderes demócratas y algunos republicanos del Congreso, activistas comunitarios, expertos académicos, economistas, y centenares de grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicalistas.
Esa campaña incluyó protestas frente a la Casa Blanca, marchas, foros comunitarios, plantones y actos de desobediencia civil en el Congreso. Nada funcionó, y ahora la pelota queda en el techo del Congreso.
“Seguimos esperando que el Congreso encuentre una salida, algo para legalizar a los tepesianos, porque ellos han contribuido a este país, y sin el TPS van a ir derechito a su deportación”, dijo a este diario Francisco Portillo, representante de la organización hondureña “Francisco Morazán”, de Miami (Florida).
Portillo viajó recientemente a Washington a presionar por una prórroga de 18 meses para el TPS, y para que el Congreso negocie una solución legislativa permanente.
El gobierno de Trump aparentemente restó importancia a que Honduras no está en condiciones ni para un goteo de inmigrantes deportados, ante la pobreza, una tasa de desempleo del 56%, escasez de vivienda adecuada, pésima infraestructura, inseguridad alimentaria y una grave situación de violencia.
En 2017, la tasa de homicidio en Honduras bajó en más del 25% a 42,8 por cada 100,000 habitantes, que el gobierno de Tegucigalpa atribuyó a su “mano dura” contra los narcotraficantes y las pandillas. Sin embargo, miembros hondureños de la caravana de inmigrantes que llegaron a la frontera sur el fin de semana pasado han sonado las alarmas sobre el clima de inseguridad en el país centroamericano.
La operación de restas del DHS
Con estadísticas a mano, cada grupo o activista destacó las enormes contribuciones de la comunidad de 57,000 “tepesianos” hondureños al tejido social y económico de EEUU y a la prosperidad de sus países mediante las remesas.
Hay alrededor de 46,700 “tepesianos” hondureños en la fuerza laboral de EEUU, y sin éstos la economía nacional perdería $31,300 millones en la próxima década.
En 2015, los hondureños enviaron remesas a Honduras por $3,300 millones –o el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país- contribuyendo de esa forma al sustento de sus familias, según un informe del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP).
El año pasado, la cifra de remesas a Honduras totalizó $4,400 millones, o 18% de su PIB, de acuerdo con datos del banco central del país.
