Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, cada vez son más frecuentes los arrestos de indocumentados sin antecedentes criminales en los tribunales o de extranjeros que deben presentarse en oficinas federales para renovar permisos temporales de permanencia. “Estamos viendo la nueva política migratoria”, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. Como incide, “es parte de la rutina de los agentes de ICE”.
Aunque el expresidente Obama deportó a más 2.7 millones de indocumentados en sus 8 años de gobierno, en la actualidad existe un mayor temor a las detenciones por cambios como estos. “Los lugares que antes considerábamos santuarios, donde se respetaba la mentalidad de que si una persona quiere cumplir con la ley el gobierno los iba a respetar, que no los iban a penalizar, pues ahora no sucede eso. Los están arrestando para deportarlos”, señala Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California, que considera que con las nuevas políticas migratorias ICE se está aprovechando de que la gente quiera cumplir con sus obligaciones con los tribunales.
Algunas voces ponen en duda la legalidad de estas detenciones en las cortes, pero como inciden los abogados, se trata de una práctica legal. «Es totalmente normal si la persona esta fuera de estatus. Las cortes son lugares públicos, y si el agente se identifica, perfectamente puede hacer un arresto”, destaca José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami, Florida
“El punto más conveniente para detener a una persona es cuando está cerca de las autoridades”, indica. “Los tribunales y las oficinas federales de inmigración permiten tenerlos cerca. Es rutina. El servicio de inmigración tiene el derecho de arrestar y deportar a personas sin autorización para estar en el país”, comenta Velásquez.
¿Debo ir a una cita judicial si estoy en riesgo de deportación?
Ahora bien, ¿qué hacer si soy un inmigrante en riesgo de deportación y tengo una cirta judicial? “Lo recomendable ante esta situación es que, si una persona tiene un caso en una corte de inmigración, que lleve a un abogado consigo para que sepa cómo defenderlo en caso que lo arresten, que no vaya solo”, detalla Gálvez.
“Y si tiene un caso en la corte criminal, busque el consejo de un abogado criminalista. La diferencia entre ambas cortes es que en un caso criminal, puede ir el abogado en representación del cliente. Pero eso no se puede hacer en la corte de inmigración. Ahí sí tiene que ir la persona, no puede ser sustituido por un abogado”, explica.
Gálvez agrega que “ahora hay menos tolerancia. Y eso da miedo. Sabemos que el gobierno está requiriendo a sus agentes que apliquen la ley. Se están aprovechando de cualquier oportunidad para detener a inmigrantes”.
El tiempo es clave
Para la abogada Bárbara Hines, senior Fellow del Emerson Collective, el futuro inmediato de una persona en Estados Unidos depende del tiempo de reacción. “Si el inmigrante no tiene una orden final de deportación, puede solicitar una fianza (y continuar el caso en libertad). Pero si el inmigrante ya tiene una orden de deportación, su opciones son muy limitadas. Pero tiene que actuar rápido, buscar un abogado para que lo aconseje o de lo contrario lo van a deportar pronto”. recomienda
“Como abogada tengo responsabilidad de informarle al inmigrante de las posibles consecuencias de su decisión (en caso que no se presente a una cita en los tribunales). Igual, estas políticas (de Trump) generan aún más miedo en la comunidad inmigrante”, dice. «Los inmigrantes tienen opciones muy limitadas».
“Los que corren más peligro son los inmigrantes con órdenes finales de deportación y con antecedentes penales”, apunta Hines. “Pero lamentablemente, como hemos visto, la guerra de Trump contra los inmigrantes abarca a todos los inmigrantes”.
Ejerzan sus derechos
Ante la embestida del gobierno, Velásquez recuerda que los inmigrantes con o sin papeles “tienen derechos en Estados Unidos”.
También recuerda que en los últimos cuatro años “la política de discrecionalidad fue muy importante para la comunidad, incluso muchos que fueron detenidos por las autoridades al final los colocaron en libertad porque no eran una prioridad de deportación. Pero eso ya terminó”.
“Recuerden que la labor principal de los agentes de ICE es detectar y sacar a las personas que están aquí ilegalmente, a menos que apelen para que los procesen y puedan ver a un juez”, insiste.
“La ley exige que sean los agentes de inmigración quienes les digan a las personas que detengan sus derechos. Si quiere usted su salida voluntaria y lo sacamos este mismo día, o quiere usted ir a un juez para pelear su caso. Esos derechos deben ser ejércitos”, aclara.
Velásquez recordó el caso López Venegas, una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en contra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por la deportación ilegal de mexicanos entre el 8 de junio de 2008 y el 28 de agosto de 2014, quienes firmaron ordenes de salida voluntaria sin que les advirtieran de las consecuencias.
El DHS perdió el caso y abrió un proceso para que decenas regresaran y tuvieran su día en corte.
Qué dice el gobierno
Univision Noticias preguntó a ICE si sus agentes continuarán arrestando a inmigrantes en tribunales u oficinas. La agencia dijo que las detenciones “administrativas” se han llevado a cabo en instalaciones “penales y de otro tipo”, pero no en las cortes de inmigración.
Los agentes de deportación de ICE llevan a cabo detenciones “todos los días alrededor del país como parte de su misión, dijo Jennifer Elzea, vocera de la agencia. Agregó que estas operaciones se realizan caso por caso “teniendo en cuenta todos los aspectos de la situación, incluyendo antecedentes criminales del posible objetivo, condiciones de seguridad, el paradero del individuo y cualquier elemento sensible que involucre el desplazamiento (de los agentes) durante la detención”.
Las ciudades santuario
La agencia resaltó la colaboración de algunas ciudades con el gobierno para la detención de extranjeros, y dice que “cuando las transferencias de custodia ocurren dentro de confines seguros de una cárcel o prisión, es mucho más seguro para todos los involucrados, incluyendo a nuestros agentes y la persona que está siendo arrestada”.
Varias ciudades que se han declarado santuario de inmigrantes en varios puntos del país, se niegan a colaborar con el gobierno federal para detener a indocumentados. El gobierno de Trump ha amenazado con cortar fondos federales si no aceptan participar en el programa 287(g) de la Ley de Inmigración, que otorga poderes extraordinarios a las policías locales para que sus agentes arresten a inmigrantes.
ICE dice que la falta de colaboración de algunas ciudades permite que a menudo personas que tienen antecedentes penales significativos, sean liberados y se convierten en una amenaza potencial de seguridad pública.
“En los casos en que los oficiales de deportación buscan llevar a cabo una detención en un tribunal, se hace todo lo posible para llevar a la persona bajo custodia a un lugar seguro, fuera de la vista pública, pero esto no siempre es posible”, advierte la agencia.
