Washington.- El gobierno de Donald Trump envió el 21 de abril cartas a ocho jurisdicciones del país que están evitando compartir información sobre la identidad de inmigrantes indocumentados que detienen. En las misivas amenazan a ciudades, condados y estados santuarios con retener fondos federales si no ponen fin a esa política antes de finalizar el mes de junio.
Las jurisdicciones ya habían sido identificadas en mayo de 2016 en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia por tener reglas locales o regulaciones que interfieren con la habilidad de policías o alguaciles de comunicarse con autoridades federales migratorias sobre el estatus de los presos que mantiene en custodia, una práctica que dificulta su ubicación para poder ser procesados y deportados.
Las misivas cuyo preámbulo es avalado por el fiscal general Jeff Sessions, fueron firmadas por Alan R. Hanson, director en funciones de la Oficina de Programas de Justicia (OPJ) y tienen como justificación para su ultimátum el hecho de que estas jurisdicciones han «sucumbido bajo el peso de la inmigración ilegal y el crimen violento».
«El número de asesinatos en Chicago se ha disparado, aumentando más de 50 por ciento frente a los niveles de 2015. La ciudad de Nueva York continúa viendo asesinatos de pandillas tras asesinatos de pandillas», agrega el texto, que critica duramente a la ciudad neoyorquina por lo que considera una política muy suave contra el delito, texto que el alcalde de Nueva York consideró un insulto.
«Acabamos de tener los tres meses más seguros en la historia de la ciudad de Nueva York», aseguró en rueda de prensa este viernes Bill de Blasio.
La carta también arremetió contra la ciudad de San Francisco: «Apenas hace varias semanas en el área de la Bahía en California, luego de una redada fueron capturados 11 miembros de la MS-13 bajo cargos que incluyen asesinato, extorsión, tráfico de drogas».
Las cartas aparecen semanas después de que el fiscal general, Jeff Sessions, anunciara que el gobierno federal implementará acciones para hacer frente a las jurisdicciones santuario.
«Estas políticas no pueden continuar. Hacen que nuestra nación sea menos segura al devolver a los criminales a la calle», dijo Sessions desde la Casa Blanca el pasado 27 de marzo. «Hoy urjo a los estados y autoridades locales a que cumplan con las leyes federales», agregó al reiterar que «violan la ley federal».
Ayuda en riesgo
Esta oficina otorga millones de dólares a agencias locales para programas que buscan, entre otras cosas, disminuir la violencia de pandillas y de armas; entrenar a funcionarios locales para lidiar con personas adictas al opio; investigar maneras de mejorar la seguridad en las escuelas; tratar a jóvenes con problemas de abuso de sustancias; y entrenar a profesionales en el manejo de casos de abuso infantil.
Las cartas enviadas este viernes advierten a las ocho jurisdicciones del país que protegen la identidad de indocumentados que para recibir algunos fondos del año fiscal 2016 deben certificar para el 30 de junio que han cumplido con la ley federal de 1996 que prohíbe a las jurisdicciones locales no colaborar con las autoridades migratorias.
«No cumplir con estas condiciones podría resultar en la retención de esos fondos, la suspensión o eliminación de ese dinero, la inelegibilidad para el futuro otorgamiento de fondos de la OPJ u otras acciones afines», se lee en la carta de Hanson.
Las ciudades o juridiscciones afectadas son el estado de California, la ciudad de Chicago y el condado de Cook, Nueva Orleans, Nueva York, Filadelfia, Las Vegas, el condado de Miami-Dade y Milwaukee.
En el caso de Miami-Dade, pese a que también recibió la advertencia del gobierno federal, el alcalde Carlos Giménez, eliminó en enero pasado una política por la que había sido incluido en la lista del Departamento de Justicia de territorios que “limitan o restringen la cooperación con ICE”.
Giménez tomó la decisión un día después de que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva que amenazaba con recortar fondos federales a las ciudades santuarios y fue fuertemente criticada por las organizaciones proinmigrantes.
