New Jersey.- El máximo tribunal de justicia estadounidense cerró el jueves 9 de junio en la mañana la segunda «ventana» y prolongó la espera del dictamen final en el caso Texas versus Estados Unidos, que decidirá la suerte de cinco millones de indocumentados.
Los ocho magistrados (el asiento del noveno juez quedó vacío tras la muerte de Antonin Scalia el 13 de febrero) revisan desde diciembre dos programas de la Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre de 2014.
Los beneficios amparan de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y amplía la cobertura de la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés) destinada a los dreamers.
La tercera «ventana» se abrirá el lunes entre las 9:30 y las 9:40 AM. En caso de no haber decisión ese día, la comunidad inmmigrante deberá aguardar hasta el lunes 20 o el lunes 27, señala el calendario de el tribunal.
El litigio
El 3 de diciembre de 2014, dos semanas después de anunciada la Acción Ejecutiva, Texas y otros 25 estados demandaron la medida argumentando que viola la Constitución y el mandatario se extralimitó en sus poderes ejecutivos.
El 16 de febrero la Corte de Distrito de Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que dejó en suspenso una parte de la Acción Ejecutiva, los programas DACA y DAPA, que además de parar deportaciones otorga un permiso de trabajo renovable cada tres años.
A partir de entonces se inició una larga batalla que ahora deberá resolver la Corte Suprema.
Nervios de punta
«El fallo puede tener diversos componentes”, dijo a Univision Noticias Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice. ”Esperamos que la Corte Suprema sostenga la constitucionalidad de las acciones ejecutivas migratorias y afirme que, al girarlas, el presidente no violó su deber constitucional de hacer cumplir las leyes, en este caso las de inmigración”.
En enero los magistrados dejaron en claro que durante la revisión quieren responder a cuatro preguntas legales determinantes, tres de ellas ya planteadas en la Corte de Brownsville, Texas:
- ¿Tienen los estados derecho a demandar la Acción Ejecutiva argumentando que la medida les causará pérdidas económicos (el principal argumento esgrimido por Texas)?
- ¿Es la Acción Ejecutiva migratoria una medida caprichosa y arbitraria que carece de sustento o respaldo en leyes federales?
- ¿Debió el Ejecutivo haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones antes de anunciar la Acción Ejecutiva?
- ¿Impide alguna ley que Obama tome Acción Ejecutiva como la anunciada el 20 de noviembre del 2014?
Los escenarios
“Un fallo favorable (al gobierno) supondría que pueden implementarse los programas DACA y DAPA y 5 millones de indocumentados sigan contribuyendo a la economía de este país”, dijo Hastings.
En caso de un fallo a favor de los 26 estados que demandaron la Acción Ejecutiva, la activista dijo que las organizaciones pro inmigrantes “continuarán los esfuerzos por impulsar una reforma migratoria amplia, que es la solución permanente”.
Conocido también como Plan B de la Acción Ejecutiva, la reforma migratoria citada por Hastings requiere de un presidente a favor de la causa inmigrante y un Congreso dispuesto a llevar al pleno una iniciativa de ley con ese propósito.
La solución permanente
“Estamos conscientes que la Acción Ejecutiva es temporal y que la única solución es la reforma migratoria amplia”, dijo a Univision Noticias Ben Monterroso, director ejecutivo de la organización Mi Familia Vota. “Si por alguna razón el fallo de la Corte es negativo para nosotros, aún más queremos que nuestra comunidad se de cuenta que las elecciones del 8 de noviembre tienen consecuencias, y que los candidatos que elegimos deben apoyar nuestras causas”.
“Lo que debe hacer nuestra comunidad antes y después de conocer el dictamen, es involucrarse en el proceso democrático. Aquellos que son elegibles deben registrarse para votar; quienes ya estén registrados se deben compromete a votar; y quienes no puedan hacerlo deben ayudar y asegurarse de que sus familiares, amigos y vecinos participen en la elección de noviembre”, dijo Monterroso.
“El destino de una reforma migratoria integral está en manos de los votantes latinos al tener la posibilidad de elegir a candidatos y candidatas que trabajarán por nuestras familias”, apuntó.
Preocupación válida
Las preocupaciones en torno a un dictamen contrario a la Acción Ejecutiva se fundamentan en las preguntas que los magistrados formularon el 18 de abril, cuando los abogados del gobierno y de los 26 estados entregaron argumentos.
“Si interpretamos las preguntas de los jueces, podemos deslindar las preocupaciones que tienen con la acción ejecutiva del presidente Obama sobre el alcance que tendría la misma”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “¿Será sólo para diferir la deportación de 5 millones de personas o tendrá el efecto de legalizar a los posibles beneficiarios?”, preguntó.
“Si es lo último, esto significa que el Presidente Obama excedió su poder al entrar en territorio legislativo”, apuntó. “Una decisión sobre líneas ideológicas puede resultar en un empate, y si esto sucede, el caso será regresado a la Corte de Distrito de Brownsville, la cual determinará los méritos de la demanda”.
Tema “polémico”
Velásquez también dijo que “si la Corte Suprema decide que Texas tiene la autoridad legal para demandar al ejecutivo, tal vez no tendrían que decidir si el Presidente Obama excedió su poder ejecutivo al emitir la acción ejecutiva”.
Y añadió: “La comunidad migrante, al igual que abogados de inmigración, no estamos muy optimistas sobre la decisión, ya que los casos de inmigración siempre han sido un tema muy polémico y las decisiones han sido divididas. Por lo tanto anticipamos un empate, lo cual significa que la Acción Ejecutiva no será implementada”.
Mientras llega el fallo, organizaciones nacionales en las principales ciudades con alta concentración de hispanos permanecen en vigilia permanente con oraciones y jornadas de información.
La Casa Blanca y la Conferencia Nacional Republicana dijeron que no comentarán hasta que la Corte Suprema emita el fallo.
Otras ventanas
De no haber un dictamen este jueves, la espera se prolongará hasta el lunes 13, o en su lugar los días 20 y 27 de junio.
También cabe la posibilidad de que la Corte Suprema diga que no emitirá un fallo y esperará a que el Senado ratifique al sucesor Scalia, el juez Merrick Garland propuesto por el presidente Obama en marzo.
Esta última posibilidad, sin embargo, parece remota. El miércoles el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid (Nevada), acusó a los republicanos de bloquear la nominación de Garland y que esperarán que “Donald Trump llene la vacante de la Suprema Corte”.
Los republicanos insisten en que el sucesor de Scalia debe ser nombrado por el próximo presidente que será electo en los comicios del martes 8 de noviembre.
