California.- La polémica empresa GEO Group Inc, que administra la cárcel de Baldwin Park y distintos centros de detención en este país, aceptó pagar 27,500 dólares a un inmigrante salvadoreño y a la organización que lo defiende por violar una ley que protege a los indocumentados en California.
Parte del acuerdo extrajudicial establece pagar 15,000 dólares a Sergio Flores, un salvadoreño que permaneció detenido durante 11 días luego que un policía de Baldwin Park descubrió que éste conducía sin licencia de manejo el 7 de marzo de 2014 y lo notificó a las autoridades federales.
Esto ocurrió 66 días después de la entrada en vigor del Acta de Confianza (Trust Act), que impide referir los indocumentados que cometieron delitos menores a las autoridades migratorias.
GEO Group Inc. también acordó pagar 12,500 dólares al grupo que interpuso la demanda de Flores, el Fondo Mexicoamericano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que ahora lucha en la Suprema Corte por los alivios migratorios que beneficiarían a unos cinco millones de indocumentados.
Flores, alega la querella, pasó cuatro días en la cárcel de la Policía de Baldwin Park, que opera GEO Group Inc. bajo la supervisión de un teniente de dicha corporación, y después fue transferido al centro de detención para inmigrantes en Adelanto, también administrado por GEO.
“Lo que hicieron no se justificó”, dijo Flores, ahora solicitante de asilo político por supuestas amenazas que ha sufrido su familia en Centroamérica. A su hermano, dice, casi lo matan a tiros los pandilleros.
Flores, de 31 años, se siente complacido de que su caso siente un precedente más firme para evitar que agencias policiacas refieran a los indocumentados a las autoridades migratorias solo por faltas menores.
“Quiero decirle a la gente que a pesar de que soy indocumentado salí adelante con el apoyo de muchos; que no tengan miedo, que habrá apoyo cuando lo necesiten”, señaló.La demanda, según MALDEF, trata de sentar un precedente para que otras corporaciones policiacas en California respeten el Trust Act. “El acta de Confianza […] limita las costosas y crueles retenciones migratorias en cárceles locales”, dijo Thomas Sáenz, presidente de MALDEF.
El gobierno de Baldwin Park sostiene que la detención de Flores fue legal porque en un momento se pensó que contra él pesaba una orden federal de retención, pero finalmente resultó ser falsa. Como parte del pago extrajudicial el municipio y GEO Group Inc no aceptaron su responsabilidad.
“La información que nos proporcionaron fue incorrecta”, declaró al diario San Gabriel Valley Tribune el abogado de la Ciudad de Baldwin Park, Robert Tafoya. “Hemos actuado sobre la información que se nos proporcionó [y] la Ley de Confianza proporciona una excepción a eso”, agregó.
En su momento, la Policía de esa ciudad justificó sus acciones al ser cuestionada, el primer medio de comunicación que reportó sobre este caso, resaltando que en contra de Rosales pesa una orden de deportación dictada por un juez de inmigración hace nueve años.
Por su parte, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) mencionó que en contra del salvadoreño pesaba una orden de deportación dictada por un juez de inmigración hace nueve años.
Al cierre de este avance informativo no fue posible obtener un comentario de GEO Group Inc.
