Guatemala: Lucha contra la corrupción puede llevar a la “muerte”

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Ciudad de Guatemala – Guatemala.- Desde hace más de una década una década una aguerrida mujer de nombre Erika Lorena Aifán, jueza de Guatemala, es blanco de ataques casi a diario, sin embargo las amenazas se han incrementado en los último meses, luego de que Aifán decidiera ir de frente tras los casos de corrupción que tanto daño le hacen a su país.

Un mensaje enviado a su teléfono celular que indicaba: “Debería estar muerta”, pese a doblegar a la jueza, le dio más fuerzas para luchar contra quienes le quieren hacer daño. Hoy en día no se muestra como una mujer amedrentada, por el contrario, para muchos se ha vuelto el rostro de la lucha contra la corrupción en Guatemala.

“Hay un interés de obstruir mi trabajo, de atacar mi independencia judicial”, ha manifestado la jueza ante las amenazas que ha recibido por sus investigaciones.

Aifán de 44 años de edad, es una de las juezas más visibles que luchan contra la corrupción en Guatemala, después de que el gobierno de ese país decidiera este mismo año ponerle fin al trabajo realizado por más de una década por las Naciones Unidas en esa materia, trabajo que logró entre otras muchas cosas desenmascarar diversas redes de irregularidades y sobornos desde oficinas públicas y privadas.

Pese a ser una mujer tímida y de pocas palabras, la jueza guatemalteca ha dado pasos firmes contra la corrupción y emanado fallos contundentes, razón suficiente para que su vida corra peligro. Organizaciones nacionales e internacionales se encuentran preocupadas por la integridad física de Aifán, al punto que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hace unas semanas establecer medidas para su protección, algo que si bien en la cotidianidad ya ocurre, el organismo considera insuficiente.

“La jueza Erika Aifán es uno de los principales rostros de la lucha contra la corrupción. Ella ha tenido en los últimos años, los casos de más alto nivel”, dijo Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de la organización Oficina de Washington para América Latina, (WOLA, por sus siglas en inglés).

La CIDH señaló que si bien la jueza recibe protección del organismo judicial, las presiones contra ella tienen “su origen precisamente en determinadas personas pertenecientes a instituciones estatales, sin que pueda apreciarse en este respecto la implementación de medidas más concretas para disminuir el clima de hostilidad contra la propuesta beneficiaria, tales como reafirmar públicamente la legitimidad de sus labores y exigir en todo momento respeto a su integridad”. Actualmente la jueza se traslada en un vehículo blindado y la acompaña un grupo de guardias de seguridad fuertemente armados.

Hasta antes de que en septiembre dejara de operar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), varias de las investigaciones del organismo fueron analizados por la jueza Aifán y, tras resolverlos, empresarios, políticos y particulares terminaron en prisión.

Pero el asunto más emblemático que le ha tocado revisar y, por el que cree que han aumentado las presiones y ataques en su contra, es el llamado caso “Fénix”: una investigación hecha pública en abril de este año y la que descubrió cómo empresarios y particulares se aliaron en una operación para lavar dinero obtenido mediante una estafa por unos 50 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Según las investigaciones, el cerebro de la operación fue el empresario Gustavo Adolfo Herrera Castillo, ayudado por su hijo Sergio Alfredo Herrera Acevedo, entre otros.

“Desde que el caso Fénix llegó a mis manos, se han incrementado los ataques en redes sociales, mensajes en mi teléfono e incluso descubrí que dos empleados del juzgado compartían información reservada de esa y otras investigaciones con abogados”, dijo la jueza.

Sobre la información compartida por los dos empleados, detalló que sustrajeron parte del expediente del caso “Fénix”, en particular algunas hojas en las que otros tribunales le ordenaban ejecutar medidas a favor de los acusados. Y como no ha podido aplicarlas ante la falta de los documentos, Aifán dice que ahora se corre el riesgo de que algunos involucrados, como el hijo de Herrera, queden en libertad.

“No voy a irme del país. Por el momento no lo tengo contemplado”. Dijo Aifán ante una montaña de expedientes por investigar.

Pese a tener temor por los riesgos que corre en su profesión, espera que el Poder Judicial y el gobierno acaten las medidas otorgadas por la CIDH y protejan no sólo su vida, sino la de su familia.

Aifán explicó que las presiones en su contra por el caso “Fénix” han venido incluso desde el mismo Poder Judicial. Una de las fiscales que participa en la investigación, Cinthia Monterroso, la denunció bajo el argumento de que la presionaba.

La jueza comentó que ha habido momentos en que se siente vigilada a las puertas de su propia casa. Contó que en una ocasión un auto se estacionó por casi dos horas frente a la entrada de su vivienda y se retiró sino hasta que su guardia se acercó. También dijo que se ha sentido espiada al hablar por teléfono.

“Un día me enviaron un mensaje que decía que debería estar muerta, igual que mi familia”, dijo la jueza.

Para Aifán la construcción de un Estado de derecho es fundamente, y para ello siempre ha pensado “En que alguien tiene que hacer las cosas. No podemos, toda la vida estar saliendo del país, con miedo”, dijo. “Es lo que buscan las estructuras criminales”.

Sueña con vivir en un país donde las autoridades y las resoluciones judiciales se respeten.

“Uno de los fines del derecho es mantener la armonía y la paz social, pero si esto no se cumple, nunca ningún ciudadano va a tener seguridad y paz en este país”, puntualizó.