Oklahoma City.- Perder su licencia y condenas de hasta tres años de prisión eran las penas que hubiesen enfrentado los médicos de Oklahoma que practicaran un aborto, de haber sido ratificada una nueva ley previamente aprobada por el Senado del estado. Sin embargo, la gobernadora republicana Mary Fallin, quien tenía la última palabra, la rechazó.
La ley 1552, sin precedentes en el país, proponía que el aborto solo fuese practicado en caso de que la vida de la madre corriera peligro. De no existir esta condición, sería un acto criminal. Tras ser aprobada por el Senado, la medida pasó a la oficina de la gobernadora de Oklahoma, para que la ratificara o desechara en un plazo máximo de 5 días.
«El proyecto de ley es tan ambiguo y vago que los médicos no pueden estar seguros de qué circunstancias serían consideradas ‘necesarias para preservar la vida de la madre'», dijo Fallin en un comunicado. Agregó que la falta de definición, análisis y norma médica hacía que la ley fuese «indefinida y vulnerable a una interpretación y aplicación subjetiva»
El proyecto había sido aprobado en el Senado de Oklahoma 33 votos contra 12 y, un mes antes, la Cámara de Representantes del estado había hecho lo propio, con 59 votos a favor y 9 en contra, sin discusión ni debate previos.
Para muchos, esta propuesta legal era inconstitucional. El Centro para los Derechos Reproductivos había instado a la gobernadora a vetar la ley, mientras que la Asociación Médica de Oklahoma se había pronunciado rechazando cualquier legislación hecha para intimidar a los médicos o invalidar su criterio.
Pese a que la Corte Suprema declaró en 1973 que una mujer, junto con un equipo médico, puede optar por abortar en los primeros meses de embarazo de forma legal, este sigue siendo un tema polémico.
En los últimos años, varios estados gobernados por los republicanos han legislado restricciones que han resultado en el cierre de varias clínicas y dificultan el acceso al aborto. En Utah y Louisiana, por ejemplo, se aprobaron leyes similares a la de Oklahoma que luego fueron anuladas por la Corte Suprema por ser inconstitucionales.
