Honduras.- Un mayor y un oficial retirado del Ejército de Honduras se encuentran entre los detenidos el lunes por estar supuestamente implicados en el asesinato, el 3 de marzo, de la ambientalista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres, dijeron fuentes militares.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Francisco Isaías Álvarez, afirmó a periodistas que el mayor Mariano Díaz Chávez y el oficial retirado Edilson Duarte Meza, fueron detenidos como sospechosos en el asesinato de Cáceres.
La ambientalista y defensora de derechos humanos de la etnia lenca, madre de cuatro hijos, fue asesinada con un arma de fuego en su casa, en la ciudad occidental de La Esperanza, al parecer, por dos hombres.
El jefe militar aseguró que esa institución armada “no tenía” información sobre la supuesta participación de ambos militares en el asesinato de Cáceres, coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Los dos militares fueron arrestados en allanamientos simultáneos ejecutados en la capital hondureña y la ciudad caribeña de La Ceiba, en los que también fueron detenidos Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Rodríguez Orellana.
Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, tres de los detenidos trabajan para la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) .
Dicha compañía construye una represa hidroeléctrica en el pueblo natal de Cáceres, proyecto que ella combatía porque se construiría sobre el río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas lencas.
Evidencia científica
Las capturas y posteriores acciones ante los tribunales hondureños están sustentadas en “evidencias probatorias” y “evidencia científica”, dijo el Ministerio.
Los cuatro hombres fueron detenidos por el delito de “asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido”, indicó el Ministerio Público.
En el ataque resultó herido el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen, quien retornó a su país en abril después de que una jueza hondureña suspendiera la medida que se lo impedía.
Las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Jaguar, que aún se desarrolla, coordinada por el Ministerio Público, pero se espera el arresto de “dos personas más” que estarían implicadas en el crimen de Cáceres, dijo a periodistas el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, Lenín González.
Señaló que todo militar implicado en hechos ilícitos será puesto a las órdenes de las autoridades judiciales para que asuma “las responsabilidades correspondientes”.
De momento, las autoridades hondureñas no han precisado el nivel de participación de los detenidos en el crimen de la dirigente indígena, ocurrido pese a que desde el 2009 tenía medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Comisión internacional
Los familiares de Cáceres dijeron, en un comunicado difundido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que recibieron la noticia de las capturas con sorpresa y que el vínculo de los detenidos con DESA “es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico”.
“Debido a que se nos excluyó de la investigación, no tenemos forma de calificar si las capturas son producto de diligencias exhaustivas, o si comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles”, señalaron.
Sin embargo, dijeron que si la investigación cumple tales requisitos, el Ministerio Público debería aceptar la participación de una comisión de expertos de la CIDH para que “se analicen las actuaciones hasta ahora realizadas y se establezca si estas son conformes con los mayores estándares internacionales de debida diligencia”.
