CIUDAD DE MÉXICO, México.- México está a un paso de que se apruebe el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, la cual contempla que el Ejército pueda asumir las funciones de la policía, algo que ha sido criticado por las organizaciones y los ciudadanos que temen un aumento de las violaciones de derechos humanos.
El dictamen fue aprobado por el Senado la madrugada de este viernes y horas más tarde fue ratificado por el Congreso. Ahora este proyecto de ley pasará al presidente Enrique Peña Nieto para que lo revise, sugiera cambios o lo promulgue.
Algunos senadores y diputados opositores ya han advertido que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para tirar la ley en caso de que sea decretada por Peña Nieto.
En ese contexto, los militares no se subordinarán a las policías locales, sino que actuarán de forma independiente en esas labores y sus acciones podrán ser confidenciales. Por esa razón la ley fue criticada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La legislación también permite al Ejército el uso de la fuerza, inclusive “para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”.
El control del Ejército
«Hay un riesgo, porque existe la posibilidad de militarizar al país», dijo el senador Benjamín Robles, quien pidió a sus compañeros ir en contra del dictamen al recordar que «pone en riesgo los derechos humanos».
La senadora del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) Cristina Díaz aseguró que es una «mentira» que se quiera militarizar a México, pues la ley contempla dar un marco normativo a las operaciones del Ejército.
Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron un llamado urgente al Estado mexicano y al Senado para frenar la ley.
Los organismos pidieron que se “abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”.
“El proyecto de ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos”, refirió la ONU en un comunicado.
Anteriormente la CNDH dijo que como está planteada esta ley favorece “el uso discrecional” del Ejército, pues permitiría que los soldados investiguen delitos, realicen acciones preventivas, tengan acceso a información de la ciudadanía, entre otras facultades que no están claras.
El 5 de diciembre el Senado inició la discusión de dicho proyecto de ley. En este lapso gobernadores, alcaldes y otros actores gubernamentales dieron el visto bueno. Sin embargo, la ciudadanía comenzó a protestar en las calles y en redes sociales, exigiendo una “seguridad sin guerra”, pues consideran que debe haber mejores policías y no militares en las calles.
Las tropas en la calle
Desde que en 2006 inició la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ en México, las fuerzas armadas salieron de los cuarteles, pues su mandato constitucional les obliga a mantener la seguridad nacional. También han realizado acciones policiales en localidades controladas por el crimen organizado. A pesar de estas acciones, la violencia en México no ha disminuido: en octubre pasado se registraron cuatro asesinatos por hora.
En la cruzada contra el crimen, algunos funcionarios del Ejército y de la Marina han sido arrestados por presuntamente haber participado en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestro y violaciones a los derechos humanos, según refiere la Procuraduría General.
Durante dos años el proyecto de la Ley de Seguridad Interior impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto permaneció congelado. Sin embargo, el mandatario mexicano ha estado pidiendo a diputados y a senadores su aprobación «urgente».
En diciembre de 2016 el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió a los diputados legislar para que los soldados pudieran volver a los cuarteles para atender las labores que constitucionalmente les corresponden, pues “no estudiamos para perseguir delincuentes”.
“Nuestros soldados ya la están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos con el riesgo de ser procesados por delitos que tengan que ver con derechos humanos o a lo mejor les conviene más que los procesemos por no obedecer”, advirtió Cienfuegos.
