Ciudad de Panamá.- El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha asegurado este lunes que no cree que Panamá sea un paraíso fiscal sino que cuenta con una «cultura tributaria distinta» a la española y hay que entender que esa «distinta realidad forma parte de la diversidad de las relaciones internacionales». «Creo que algunos están sobreactuando con la explosión del Panamá leaks«, ha añadido el mismo día en que El Confidencial y La Sexta publicaban que el ministro de Industria, José Manuel Soria, y su hermano figuran en los llamados Papeles de Panamá como administradores de una compañía offshore. Soria niega las acusaciones.
Catalá ha diferenciado el «plano hipotético de legalidad» y el «plano ético» en torno a las revelaciones de los papales de Panamá y ha manifestado su sorpresa por que se hable de las personalidades que salen en la documentación del despacho de abogados Cossack Fonseca y no del «origen» de la filtración. «La Agencia Tributaria y la Fiscalía hacen muy bien en investigar si se ha cometido algún ilícito penal, pero nadie presta atención al origen de esa información y si se ha violado el secreto profesional».
El ministro de Justicia en funciones ha recordado que España mantiene con Panamá una relación de «lealtad y colaboración» y ha insistido en que definir a un país como paraíso fiscal es una «decisión que corresponde a la Unión Europea y el ámbito internacional».
Catalá ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Europa Press y al que también han asistido los ministros de Exteriores, José Manuel García Margallo; Defensa, Pedro Morenés y Hacienda, Cristóbal Montoro. El titular de Justicia ha enviado desde la tribuna un cariñoso saludo a este último «porque es el que siempre se lleva las tortas».
Inhabilitación para los jueces que pasen por la política
Catalá ha defendido la «independencia» de la judicatura, aunque ha planteado la necesidad de poner en marcha algún tipo de mecanismo para evitar las «puertas giratorias» en la justicia, esto es, jueces que deciden dedicarse a la política «y al minuto se sientan a dictar sentencias». A su juicio, «entre la permisibilidad actual y la inhabilitación absoluta hay puntos intermedios» que permitirían fortalecer la idea de la independencia del poder judicial.
El ministro ha añadido, en referencia a los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que en ocasiones resulta «ofensivo» que a un profesional de prestigio y años de experiencia le pongan la etiqueta de conservador o progresista «impropia e indigna» por el supuesto origen de su designación y ha lamentado que el «órgano creado para fortalecer la independencia se haya convertido en el paradigma de la politización de la justicia». Catalá ha defendido la permanencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es partidario de revisar el sistema de elección de sus vocales, pero rechaza que sean elegidos directamente por los ciudadanos.
