Ciudad de México.- Ante el incremento de la inseguridad en el país, al menos tres Estados han regulado sus códigos penales y en otros siete se analizan modificaciones para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa. La ampliación de la figura legal de legítima defensa que se ha propagado en los últimos dos meses es una respuesta populista ante la incompetencia de los gobernantes para reducir los índices delictivos, han alertado expertos en seguridad y organizaciones que se oponen a los cambios en la norma.
El primero en regular la legítima defensa fue Nuevo León. El Código penal establecía que cualquiera que “rechazara” o “dañara” al agresor que allanara su casa —por ejemplo, un ladrón—, no incurría en ningún delito. A finales de mayo, el Congreso local aprobó añadir dos nuevos supuestos, “lesionar” y “privar de la vida”. El código detalla ahora que cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante será igualmente inocente.
El segundo Estado en adoptar esta medida fue Baja California Sur. El 21 de junio, tras argumentar que la inseguridad se ha incrementado en la entidad, los diputados realizaron modificaciones legales para que los ciudadanos no sean encarcelados en caso de recurrir al exceso de fuerza en defensa de su vida, su patrimonio o su familia. En la iniciativa se argumenta que es necesario darle al ciudadano más seguridad en la forma en que será tratado en caso de ocasionar daños al repeler un ataque. “Si el Estado no tiene la capacidad de otorgarle (al ciudadano) la vigilancia y la defensa por parte de los cuerpos policiacos, debe darle la garantía de apoyarlo en las consecuencias de los actos no dolosos que pudiera ocasionar durante su defensa”, se expone en el documento.
En Guanajuato los diputados locales aprobaron el pasado 29 de junio modificaciones a su Código Penal para que el habitante de una propiedad no sea castigado por las lesiones y la muerte que llegase a causar a quien allane su casa. “La legítima defensa no es una licencia para matar ni de venganza”, justificó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Arcelia González.
Los Estados que van por la despenalización
1) En Tamaulipas. uno de los Estados más golpeados por la violencia, los empresarios han pedido una modificación legal como que la se aprobó en su vecino Nuevo León. Hugo Treviño, líder de la Cámara Nacional de Comercio, ha argumentado que se debe cambiar el Código Penal porque la disposición actual protege más al delincuente que a la víctima.
2) En Baja California un diputado local también propuso ampliar los alcances de la legítima defensa, pero a favor de los negocios comerciales. Jorge Eugenio Núñez Lozano, quien presentó la iniciativa a finales de junio, explicó que la modificación busca amparar a los comerciantes y a los empleados que quieran defenderse de una agresión o la intromisión de un delincuente. La respuesta no ha sido bien recibida.
3) En Quintana Roo el diputado Ramón Javier Padilla declaró al diario Novedades que la Comisión de Justicia revisará la norma penal para analizar si se realizan cambios parecidos a los que se hicieron en Guanajuato, Baja California Sur y Guanajuato.
4) En Tabasco la bancada del PAN presentó una iniciativa con el mismo objetivo, mientras que en San Luis Potosí, donde existe una propuesta similar, los legisladores advirtieron que antes de dictaminar la iniciativa, se someterá al debate ciudadano.
