por: Maribel Hastings / America Voice
El hecho de que el gobierno de Donald Trump revoque programas que conceden permisos de trabajo y protección de la deportación como el TPS para los venezolanos o el parole humanitario para nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela para hacerlos deportables parece sorprender a algunos sectores que apoyaron al presidente y que incluso votaron por él. Pero lo sorprendente es que pensaran que no iba a suceder o que apoyar a Trump de algún modo los escuda de su plan de deportaciones masivas.
Los congresistas cubanoamericanos de la Florida, los republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, y Carlos Giménez le piden ahora al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que reconsidere la decisión de eliminar estos programas. Pero los tres apoyaron la candidatura de Trump cuando andaba pregonando que lideraría la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos. Ese era el momento de encararlo pero como al resto de los legisladores republicanos del estado y del país, el miedo a las represalias de nuestro «caudillo a la USA» los detuvo en seco.
Los cubanoamericanos de Florida, en particular del Sur de la Florida, apoyaron abrumadoramente a Trump en las elecciones de 2024 a pesar de haber advertido que eliminaría el parole que permitió el ingreso autorizado a Estados Unidos de más de 111,000 cubanos y que goza de amplio apoyo entre este grupo poblacional en la Florida. Un programa irónicamente autorizado por el expresidente demócrata, Joe Biden, para quitarle presión a la frontera evitando los cruces irregulares.
Al menos los cubanos todavía tienen la Ley de Ajuste Cubano de 1996 como posibilidad de ajustar su situación migratoria en Estados Unidos.
Pero por alguna razón, como muchos latinos a través del país, no se daban por aludidos cuando Trump prometía deportaciones masivas. Van dirigidas a los “criminales”, decían, aparentemente sin sospechar que en el diccionario de Trump y de sus asesores ser inmigrante es sinónimo de “criminal”.
Como en el caso de los venezolanos, para Trump y su equipo no hay diferencia entre pandilleros del Tren de Aragua y refugiados y perseguidos políticos del régimen opresor del dictador Nicolás Maduro.
Trump no ha tenido ningún problema en negociar con Maduro para que reciba a los deportados, tanto criminales como los que hasta ahora son residentes legales a través del TPS o el parole, programas eliminados por el presidente. El retorno a Venezuela para muchos de ellos supone un riesgo real para sus vidas. Unos 600,000 venezolanos tienen TPS y otros 117,000 tienen parole. La eliminación de los programas los hace deportables.
Maduro recibe a los deportados, liberó a un grupo de prisioneros estadounidenses y de paso Trump consiguió ampliar las licencias petroleras a favor de la estadounidense Chevron favoreciendo a sus benefactores de campaña y su industria de combustibles fósiles.
El 5 de febrero, en declaraciones a la prensa, el flamante Secretario de Estado, Marco Rubio, quien era senador republicano de Florida y acérrimo crítico de Maduro, dijo en torno al TPS que “entre ahora y abril” el DHS estará revisando el programa. Más bien el programa expira el 7 de abril de 2025.
Pero insistió en que “la prioridad son las personas con vínculos al crimen, personas con vínculos a las pandillas”. “Yo sé de primera mano que el presidente Trump entiende bien la situación de los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos y el sufrimiento hoy en día dentro de Venezuela”, aseguró Rubio.
Si así fuera Trump no habría revocado el TPS para los venezolanos ni estaría centrando sus detenciones y deportaciones en personas con permisos de trabajo y amparo de la deportación ya sea por el TPS, el parole, o porque son solicitantes de asilo. Su objetivo nunca fueron únicamente los indocumentados sino todo inmigrante, particularmente los de color provenientes de países pobres o en desarrollo. La crueldad y el prejuicio son su norte.
“Revocar el TPS para los venezolanos, no solo ilegaliza a un número importante de personas sino que legítima y beneficia a un régimen como el de Nicolás Maduro, porque sería manifestar que la situación en Venezuela está muy bien y que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela, aunque se robó las elecciones”, señaló el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), según reportó El Nuevo Herald.
“Aplaudimos que a los criminales se les expulse de territorio estadounidense, pero rechazamos que quieran convertir a todos los inmigrantes venezolanos en delincuentes”, agregó.
Es por eso que las elecciones tienen serias consecuencias.
