Lima.- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori negó el lunes haber pedido a uno de sus colaboradores el lavado de 15 millones de dólares durante la campaña electoral de 2011.
Fujimori negó a periodistas desde el sur de Perú haber entregado ese dinero al legislador de su partido Joaquín Ramírez y dijo que «quienes están encargados de ver los fondos y el financiamiento de nuestros partidos son los secretarios y los tesoreros de Fuerza Popular».
Fujimori respondió así a la noticia difundida el domingo por dos televisoras de que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) investiga a la candidata por el supuesto lavado de dinero.
La candidata presidencial, quien se encuentra en un empate técnico con su rival Pedro Kuczynski para la segunda vuelta electoral del 5 de junio, dijo que «en las próximas horas» pedirá formalmente a la DEA, a través de la embajada de Estados Unidos en Lima, «saber si es que realmente existe una investigación al respecto».
La DEA dijo el lunes en una declaración por escrito que «actualmente, Keiko Fujimori no está siendo investigada, ni ha sido investigada previamente por la DEA».
Reportaje de televisión
El reportaje difundido por la televisora local América y la cadena estadounidense Univisión muestra las declaraciones del piloto peruano Jesús Francisco Vásquez, un supuesto excolaborador de la DEA, quien afirma que en 2013 Ramírez le dijo: «‘¿Tú sabes que la china (Keiko Fujimori) me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, para la campaña del 2011 de las elecciones, y yo los lavé a través de una cadena de grifos, de estaciones de combustible?»’.
Vásquez añadió que para verificar las declaraciones le preguntó a Ramírez si cuando se refería a «la china», la forma en que en Perú llaman a la candidata presidencial de ascendencia japonesa, estaba hablando de Keiko Fujimori. «¿La china Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves? ‘Sí’, me dijo, ‘me los dio’. Todo eso se estaba grabando»’, sostuvo.
Ramírez, un hombre de 46 años que empezó como cobrador de un autobús del transporte público e hizo una considerable fortuna en poco más de dos décadas, es investigado por la fiscalía peruana por lavado de activos tras una denuncia presentada por la procuraduría que investiga esos delitos. La fiscalía pidió levantar su inmunidad parlamentaria porque posee «un inmenso patrimonio inmobiliario al que se suman millonarias inversiones y acciones que no guardan relación con sus ingresos iniciales».
