La Paz.- Dos jueces y un fiscal, acusados de supuestamente arreglar fallos a cambio de sobornos, fueron enviados a prisión en un nuevo escándalo que sacude a la justicia boliviana.
El principal sospechoso es el juez Fernando Ganam, detenido dos semanas atrás en el despacho de un abogado cuando supuestamente analizaban un fallo judicial para favorecer a una telefónica de La Paz.
El juez fue enviado a prisión preventiva acusado de incumplimiento de deberes y formación de consorcio ilícito con abogados y fiscales. El fiscal Hugo Rivero también fue enviado a prisión mientras se investiga el caso, informó el martes el fiscal Edwin Blanco.
«Estamos investigando la complicidad del juez (Ganam) en un consorcio con abogados y jueces», dijo por su parte la fiscal Jenny Quispe.
La fiscalía también ordenó la detención de otra jueza que no tenía que ver con el caso pero cuyos cuadernos de procesos a su cargo fueron hallados en la requisa a la oficina del abogado. La audiencia en la que se dictaminó su detención bajo cargos de incumplimiento de deberes para la jueza Lía Cardozo se realizó en la sala de un hospital público de La Paz donde la mujer se recupera de un tratamiento oncológico.
«Mi defendida nunca dio la orden para que salgan de su despacho los expedientes» que pudieron ser sacados por funcionarios, dijo a The Associated Press el abogado de Cardozo, Raúl Salas.
El presidente Evo Morales denunció hace un tiempo que supuestos consorcios ilegales entre jueces, fiscales y abogados transaban fallos a cambio a dinero.
El titular de la compañía telefónica investigada también está detenido por el supuesto pago de sobornos.
La fiscalía dijo que investiga otras denuncias contra jueces, fiscales y abogados.
El caso tiene amplio despliegue en la prensa y ha opacado otro escándalo de corrupción con tintes de telenovela que compromete a una ex novia de Morales y en el que ningún alto funcionario gubernamental está bajo investigación.
Diversos estudios coinciden en que la mora judicial, la falta de independencia de jueces y fiscales, la corrupción y el entramado procesal han sumido al Poder Judicial en su peor crisis. Más de 74% de los detenidos en las cárceles no tienen sentencia.
El año pasado 67 fiscales y 37 jueces y funcionarios judiciales fueron destituidos por faltas graves.
