Pensilvania.- Activistas y familiares de inmigrantes presos en el centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el condado Berks, Pensilvania, pidieron el domingo al gobierno federal que los deje en libertad mientras los tribunales resuelven sus futuros en Estados Unidos.
“Unas 50 personas nos reunimos en las afueras de la cárcel de Berks para apoyar la huelga de hambre que se lleva a cabo en el interior del centro y en el que participan 22 madres de familia”, dijo a Univision Noticias Adán Marín, director de la organización ‘Make the Road’ (Se Hace Camino) de Pensilvania. “También leímos unos 70 mensajes de solidaridad que llegaron de todo el país”.
Marín dijo que además de exigir la puesta en libertad de todos los detenidos, “le pedimos al gobierno que cierre las instalaciones porque está operando sin licencia. Y también para decirle al Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson que no son ciertas sus declaraciones, que las madres que piden asilo no son detenidas por más 20 días antes de ser liberadas”.
La semana pasada Johnson, jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, aseguró durante un desayuno con periodistas que la detención de familias indocumentadas que llegan al país buscando asilo es de un promedio de 20 días. Las declaraciones motivaron la huelga de hambre para decirle que no era cierto, y que en Berks hay mujeres y niños que llevan casi un año esperando que las cortes de inmigración resuelvan sus casos.
“Yo llevo 365 días junto con mi hijo que cumplió seis años en la prisión”, dijo por teléfono a Univision Noticias una mujer inmigrante detenida en Berks. “Me han amenazado para que desista la huelga pero no lo voy a hacer. También me han amenazado con quitarme a mi pequeño o enviarme a otra cárcel. No me voy a dejar. No es justo que nos traten como si fuésemos criminales solo por huir de nuestro país en busca de asilo”.
Huelga indefinida
Las 22 mujeres en huelga de hambre desde el pasado 8 de agosto reiteraron a Univision Noticias que no depondrán el movimiento hasta que el gobierno las libere.
Tras explicar que algunas llevan entre 270 y 365 días detenidas con niños de entre los 2 y los 16 años de edad, que huyeron de sus países a causa de la violencia y arriesgaron sus vidas para llegar a Estados Unidos y pedir asilo y fueron encarceladas, el grupo dijo en una carta enviada al secretario Johnson que, «viendo estas injusticias hemos decidido hacer una huelga de hambre indefinida hasta obtener nuestra libertad inmediata porque todas nosotras dejamos nuestros países de origen huyendo de la violencia, amenazas y corrupción que ni siquiera el propio gobierno de cada país de Centroamérica puede controlar».
La “Señora Z”, quien permaneció varios días en Berks y ahora espera en libertad la conclusión de un trámite de asilo, dijo a Univision Noticias que el movimiento de huelga “es justo, ellas están desesperadas porque vinieron a pedir ayuda y nadie les dijo nada, ni tampoco que las iban a meter presas siendo que no han hecho nada malo, no han cometido ningún crimen”.
La inmigrante pidió no revelar su nombre para no afectar su caso de inmigración pendiente. “No puedo dar detalles. Pero sí puedo contar que a mí me iban a deportar pero me negué a firmar los papeles. Después me pusieron un grillete en el tobillo y ahora espero que me den una cita y conocer qué pasará conmigo”.
“Nunca firmé nada en Berks. Tampoco nadie me dijo mis derechos, ni cómo podía pedir protección. Hasta que unos abogados me contactaron y averiguaron mi caso. Gracias a ellos salí libre y ahora espero que resuelvan”, agregó.
Las oficinas de las abogados Bridget Cambria y Carol Anne Donohoe representan a la mayoría de las 22 mujeres en huelga de hambre. Las internas también cuentan con el respaldo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Asociación Americana de Abogados d Inmigración (AILA) a través del programa CARA, que ofrece asistencia legal Pro-Bono.
En julio el hijo de la “Señora Z” cumplió cuatro años de edad en el centro de detención de Berks.
Futuro incierto
El futuro de las 22 huelguistas, así como del resto de los internos en el centro de detención de Berks y de los inmigrantes que esperan libres la resolución de sus casos, es incierto. “Yo estuve ahí dos meses y 11 días”, dijo a Univision Noticias la “Señora DD”, quien también pidió mantener su nombre en reserva por temor a perder su caso de inmigración pendiente. “Pero no sé cómo terminará esto”.
“DD” fue arrestada en mayo durante una redada de ICE y enviada al centro de detención de Dilley, en San Antonio. Siete días más tarde la trasladaron a Berks.
“Yo entré a Estados Unidos en el 2014 y cuando vine no me explicaron absolutamente nada en la ‘hielera’”, nombre que los inmigrantes le dan a los centros de detención ubicados en la frontera por el frío en las instalaciones a causa de los sistemas de aire acondicionado. “Ahí me dieron la libertad. Pero nadie me dijo que tenía que notificar el cambio de dirección al ICE y también a la Corte de Inmigración”.
La inmigrante sólo dio aviso a ICE. Tiempo después, cuando la corte de inmigración la llamó para una audiencia, emitió un citatorio que llegó a una dirección donde “la señora DD” no estaba. En respuesta, la mujer recibió una orden de deportación en ausencia. Por eso la arrestaron en mayo.
“Pero nadie me dijo nada”, insiste. Cuando los abogados de CARA supieron de mi caso, “me pusieron en libertad y ahora espero con un grillete puesto que me concedan la visa U», para víctimas de violencia.
El Proyecto CARA funciona desde el 2015 con el aporte de voluntarios que ofrecen asistencia legal Pro Bono a los inmigrantes presos en los centros de ICE.
Fallo en suspenso
En octubre del año pasado un grupo integrado por religiosos, abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes urgieron al gobierno del presidente Barack Obama para que “cumpla plenamente” el fallo emitido por una corte de California, en agosto, que ordenó poner en libertad a niños y madres en centros familiares de detención de ICE porque el DHS estaba violando un acuerdo judicial de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores.
“La política de detenciones familiares del gobierno es una bofetada al rostro de la autoridad judicial y los valores de nuestra nación”, dijo la coalición, y exigió el cese inmediato de una práctica que tildaron de “abominable”.
Se trata de un “encarcelamiento inhumano de madres y niños que huyen de la violencia y la persecución”, dijo el grupo integrado por la Red Católica Legal de Inmigración (CLINIC), el Consejo Americano de Inmigración, el Centro de Educación para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el CARA Family Detention Pro-Bono Project.
Desde que se desató la crisis en la frontera, a mediados de 2014 con el arresto de más de 46,000 menores no acompañados en lo que iba del año fiscal, “el gobierno ha hecho caso omiso del acuerdo judicial Flores versus Meese de 1997, que establece las normas mínimas vinculantes para la detención y el trato de los niños inmigrantes”, dijo el grupo.
El gobierno de Obama apeló el dictamen y en julio la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de la sentencia de California, pero no incluyó a las madres, decisión que dejó en un limbo el futuro de las familias que ahora temen ser separadas.
Las huelguistas de hambre dijeron a Univision Noticias que no van a permitir que las separen de sus pequeños, y que lucharán “hasta las últimas consecuencias”.
El proyecto CARA colabora activamente en los centros de detención de ICE de Karnes City y Dilley, en San Antonio, Texas, y Berks en Pensilvania.
