Arizona.- La Corte de Apelaciones del Circuito Nueve falló hoy a favor del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, retirando una prohibición en contra de las redadas en sitios de trabajo por las cuales se arrestaron a docenas de inmigrantes indocumentados.
Arpaio llevaba a cabo sus operativos aplicando una ley estatal aprobada por Arizona que prohíbe a los negocios contratar a inmigrantes indocumentados.
Los alguaciles llegaban por sorpresa a los negocios en el condado Maricopa, cuestionando el estatus migratorio de los detenidos, generalmente después de recibir información anónima en una línea telefónica establecida para este propósito.
En enero del 2015, el juez federal David Campbell emitió una orden preventiva en contra de las redadas del alguacil indicando que los operativos eran inconstitucionales.
No obstante, en la decisión de hoy, tres de los jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve, rechazaron esta opinión a pesar de que reconocieron que algunas partes de la ley estatal pueden estar en conflicto con la ley federal.
“Estamos muy desilusionados con esta decisión, nuestro siguiente paso es apelar y para ello tenemos 21 días”, dijo Carlo García, director del grupo Puente, organización con base en Phoenix quien interpuso la demanda.
García aseguró que la decisión del tribunal de apelaciones no autoriza al alguacil a comenzar inmediatamente de nuevo las redadas, sino que debe esperar a que pase el proceso de la apelación.
Aseguró también que Puente solicitará que sea el panel completo de cinco jueces en la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve quien revise nuevamente el caso.
“Nosotros seguiremos luchando para que no se vuelvan a llevar a cabo estos operativos que separaron a docenas de familias”, aseguró el activista en entrevista vía telefónica.
En la mayoría de los casos, los indocumentados detenidos durante las redadas enfrentaban cargos de robo de identidad por trabajar con un número de Seguro Social que no les pertenecían o con un número inventado.
Las redadas de Arpaio en sitios de trabajo se llevaron a cabo desde el 2008 hasta el 2015.
“Nosotros seguiremos luchando para que no se vuelvan a llevar a cabo estos operativos que separaron a docenas de familias”, aseguró el activista en entrevista vía telefónica.
En la mayoría de los casos, los indocumentados detenidos durante las redadas enfrentaban cargos de robo de identidad por trabajar con un número de Seguro Social que no les pertenecían o con un número inventado.
