LOS ÁNGELES, California.- Cientos de trabajadores del campo en Santa María, California, perdieron su empleo tras una investigación de las autoridades federales a los permisos de trabajo de los empleados de Bonita Packing Company (Bonipak), según denunciaron hoy activistas proinmigrantes de la zona, eminentemente agrícola.
«Estamos muy decepcionados por estas acciones del ICE y preocupados por estos despidos que afectan a toda una comunidad, y exponen a la pobreza y el abuso a los inmigrantes», explicó a Efe Hazel Dávalos, vocera de La Alianza Unidos por una Economía Sostenible (CAUSA).
Al menos 291 empleados tuvieron que renunciar este mes a sus puestos de trabajo luego de que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) encontrara que los números de Seguro Social con los cuales trabajaban no eran válidos.
Bonita Packing Company contaba con más de 600 empleados de tiempo completo y ahora el retiro masivo de los trabajadores deja a la compañía, fundada en 1932, con apenas la mitad de su mano de obra.
Esta no sería la primera auditoría que el ICE realiza en la zona en los últimos meses ya que en diciembre alrededor de 300 empleados de la compañía Adam Brothers, con sede en el condado Santa Barbara, tuvieron que retirarse tras una revisión a la forma I-9 con la que los trabajadores comprueban su elegibilidad para trabajar en el país.
Agricola
Aumentaron los empleos en el sector agrícola de California
Dávalos asegura que las protestas contra las acciones de las autoridades de inmigración comenzaron hace dos años, cuando ICE anunció que construiría unas instalaciones federales en Santa María.
CAUSA y otras organizaciones se opusieron a la construcción; sin embargo, en mayo del año pasado se inauguraron las nuevas oficinas.
«Hicimos protestas históricas en la región, y aunque prometieron que no iban a ir tras nuestra comunidad, en menos de 10 meses que llegaron a hacer su trabajo administrativo los campesinos se han visto muy afectados, y creemos que esto está relacionado», advirtió Dávalos.
Es bien sabido en la región que la mayoría de los trabajadores del campo, entre otras industrias, no tienen estatus legal.
CAUSA estima que el 72 por ciento de los aproximadamente 17.000 campesinos que trabajan en el condado Santa Barbara son indocumentados.
La mayoría de empleados de Bonipak que fueron despedidos llevaban más de un lustro en la empresa, ganaban un poco más del salario mínimo, contaban con beneficios de salud y plan de retiro.
«La comunidad no está perdiendo sólo un buen trabajo sino su derecho a quejarse. Con esto se ven obligados a aceptar trabajos en los que sus derechos podrían ser vulnerados», advirtió Dávalos.
La vocera del ICE, Virginia Kice, no se refirió sobre la auditoría a Bonipak argumentando que la oficina federal solo da a conocer resultados de esta clase de revisiones si los resultados originan multas o presentación de cargos criminales.
No obstante, aclaró a Efe que ICE realiza estas investigaciones para proteger las oportunidades de empleo de la mano de obra legal.
«Los esfuerzos de la aplicación de la ley se centran en el enjuiciamiento penal de las empresas y organizaciones que a sabiendas contratan a trabajadores no autorizados, con frecuencia para explotarlos y sometiéndolos a condiciones de trabajo inferiores o peligrosas», explicó.
En el año fiscal 2015, ICE realizó un total de 1,242 auditorías a nivel nacional.
Durante ese mismo periodo de tiempo se lograron 167 condenas en casos relacionados con el lugar de trabajo; además, el Gobierno federal recolectó más de 11 millones de dólares en multas y decomisos relacionados con estos casos.
