En estos tiempos de preparación para la declaración de los impuestos que lo hace la ciudadanía anualmente al Internal Revenue Service (IRS), observamos que esta declaración de cada residente autorizado por la ley, tiene que estar sujeta a las normas que establece el sistema tributario estadounidense.
En este contexto, ningún ciudadano o institución pública, privada u organizaciones sin fines de lucro, está exenta (o) de esta obligación legal. Sin embargo, el sistema tributario que tiene el Interna Revenue Service, en ninguna de su modalidad recaudatoria separa a las familias que se encuentran indocumentadas en territorio estadounidense; es decir, que el IRS por décadas de años, continúa recaudando miles de millones de dólares de las familias indocumentadas. Esa situación tributaria con los inmigrantes indocumentados, representa un alto índice de aportación económica para el Departamento del Tesoro Estadounidense y que responde al inmenso sacrificio diario de aquellas personas que viven irregularmente en los EE.UU.
Sosteniendo la legalidad del sistema tributario de la Union Americana, se expresa que, todo aquel o aquellos que trabajan tienen que reportar anualmente sus impuestos al Tío Sam y, estamos de acuerdo con la aplicación de esta ley; pero dónde y cuál ley del sistema tributario (IRS) expresa que por la condición de ser personas indocumentadas están exentas de pagos de impuestos?. Como no estatuye ningún reglamento ni hay ley al respecto, por qué los indocumentados están prohibidos o privados de recibir beneficios sociales en esta crisis de emergencia nacional decretada por el gobierno del presidente estadounidense?.
Los indocumentados, sin excepción de sus países que migraron a territorio estadounidense, son un grupo tan productivo y permanente para la economía de este país. Y si nos referimos a grupos como el sector de los trabajadores del campo, hotelería, restaurantes y la construcción, vemos que a todos ellos se los ha marginado y no podrán gozar del paquete de estímulo del gobierno que se ha dado por esta crisis y su emergencia sanitaria.
Esta medida que se aplicaría por el gobierno federal, no obedece solo al Ejecutivo sino a los congresistas de la Cámara de Representantes y del Senado del Congreso de los EE.UU. Esta legislación que llegó para el ejecútese desde la Casa Blanca, deja huellas dolorosas para millones de indocumentados, que pagando sus impuestos, los deja al margen de los beneficios sociales; es decir, desprotegidos de toda ayuda económica para resolver su crisis que está hermanada a la que existe con la emergencia sanitaria por la presencia de la pandemia del coronavirus covid-19.
Continuaremos sosteniendo, que la medida antiinmigrante del Congreso de los EE.UU y el Ejecutivo, no están contempladas con sentido humano igualitario, si es que el paquete de alivio se lo ha hecho por este concepto. Al contrario, lo que se ha legalizado es una ley con preferencia humana y social, porque quién responde por los resultados económicos que se reflejarán más adelante, cuando llegue de los acreedores las obligaciones que no esperarán ni nadie podrá justificar por qué no los cumple!! Es posible, que quienes fueron autores de este paquete de alivio, no puedan justificarle a los indocumentados y sus familias y, esto podría tener un costo político para ambos partidos en las próximas elecciones de 11/3/2020.Quizás, los firmantes en la Cámara y el Senado, no recuerden; porque sí lo saben, que la población hispana en los Estados Unidos de América, en los años 2016, ésta, era de 57.5 millones de habitantes, el 18% del total de su población, con una proyección para el 2065 con 107 millones de habitantes hispanos. Con el Censo 2020, se espera que la población hispana en los Estados Unidos, superaría los 65 millones de habitantes hispanos.
Quitarle los beneficios sociales a los indocumentados en este país, no solo constituye una violación a los Derechos Humanos sino entrar al sostenimiento de la contradicción constitucional estadounidense, cuando ésta pregona el respeto a la igualdad social del pueblo de la Union Americana, sin cumplirse y violando los derechos civiles de los ciudadanos que están amparados a la igualdad de los derechos laborales. Si los indocumentados pagan impuestos, tienen derecho a tener beneficios por lo que pagan y el Servicio de Rentas Internas (IRS) de esta nación, sigue recaudando millones de dólares de esta gran población de más de 11 millones como indocumentados que pagan impuestos desde un simple caramelo que compran hasta la más costosa propiedad que adquieren en este país.
Lo que hicieron ambos partidos políticos en el Congreso de los EE.UU. con el Ejecutivo de la Casa Blanca contra los indocumentados informales y los que tienen el ITIN, (como identificación fiscal)que siendo trabajadores esenciales, no es una mano de obra calificada y, que a través de este paquete de estímulo, tienen un solo nombre:” discriminación inaudita” porque se va contra todo principio social humano, porque no gozan de seguro de desempleo ni de salud, como el sector doméstico, meseros de hoteles, trabajadores en campos de cultivos y la construcción, que son inmensamente productivo en este país, que de paso, hace los trabajos que millones de estadounidenses, pudiéndolo hacer, no lo quieren realizar y, que beneficia a grandes élites socioeconómica en esta nación de inmigrantes, por la mano de obra barata de los indocumentados, que son los que con este paquete de estímulo los han marginado, pero pagan anualmente sus impuestos en millonadas de dólares al IRS. (Tío Sam).
