El gobernador de Colorado, Johh Hickenlooper, firmó una orden ejecutiva en respuesta a la política de separación de familias de la administración Trump. La orden impide que Colorado use recursos estatales para separar a los niños de sus padres o guardianes legales; teniendo como base el solo hecho del estatus migratorio.
“Las políticas y prácticas del Departamento de Seguridad Nacional de separar a los niños de sus padres al llegar a la frontera sur de Estados Unidos es ofensiva y va en contra de los valores de los coloradenses y de nuestra nación”, establece la orden ejecutiva.
Este ha sido un tema árido para demócratas y republicanos desde sus inicios. Pero a fin de cuentas los estados tienen la opción de adherirse o no a las nuevas políticas migratorias.
“La administración (Trump) ha anunciado una política de cero tolerancia en la primavera de 2018 que ha resultado en la separación familiar. Y recientemente ha dicho que con ello busca intimidar a los inmigrantes y evitar que crucen la frontera”, pero para el gobierno (demócrata) de Colorado esta política es inaceptable.
La orden ejecutiva B 2018-008 solo tiene validez en los casos en que los niños sean separados de sus padres, debido únicamente a su estado migratorio. Mientras no es aplicable en los casos en que un tribunal haya determinado que en el mejor interés del niño es necesario que sea removido del hogar o separado de sus padres o tutor legal. Tampoco cuando los funcionarios del estado crean que el niño es víctima de abuso o tráfico humano.
El gobernador Hickenlooper enviará una carta para instar al Congreso a que reconsidere esta política divisoria.
Asimismo, afirmó que ninguna agencia o estado puede privar a una persona de los beneficios a los que tiene derecho natural más allá de estatus migratorio. Tampoco se pueden usar los recursos monetarios o de otra índole del estado para llevar a que los niños crezcan sin sus padres.