Cuando Yordy Cancino estuvo detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en San Diego, un guardia de seguridad solía mirarlo desnudo cuando se duchaba y otros agentes lo llamaban «mi princesa real» por la radio del recinto. Lo amenazaron diciendo que, si se quejaba, sería deportado.
El testimonio de Cancino lo recoge el grupo de supervisión CIVIC para poner nombre a un problema mayor con patrones que se repiten. Por ejemplo, que el inmigrante asegura que sufrió acoso sexual estando detenido, está involucrado ICE y le pasó en un centro que la agencia tiene contrada a una empresa privada.
El grupo independiente CIVIC, que investiga las condiciones en centros de detención, asegura que el Departamento de Seguridad Nacional recibió 1,016 denuncias de abuso sexual entre mayo del 2014 y julio del 2016. Los agresores pueden ser tanto agentes como otros detenidos.
El 90% de los casos involucraron a ICE, la agencia responsable de supervisar las cerca de 30,000 plazas en centros de detención en todo el país.
Además, la queja al Gobierno también cita datos conseguidos por Human Rights Watch que señalan directamente a los centros de gestión privada que ICE usa para detener a inmigrantes. Basado en denucias telefónicas, los 5 centros con más quejas por supuesta agresión sexual o física son privados, gestionados por los grandes grupos GEO Group y CCA, incluido el centro de Takoma donde 400 presos se encentran en huelga de hambre.
El grupo que escribe la queja al gobierno dice que hay constancia de denuncias por acoso sexual en 76 centros de detención en todo el país.
