Las preocupaciones crecen en la comunidad inmigrante, sobre todo entre indocumentados con algún tipo de antecedente o deudas con la justicia. Los miedos aumentaron este sábado tras reportes de prensa que mencionan redadas en seis estados –entre ellos Texas, Virginia, California y Kansas– y tras la referencia del propio secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, sobre en un par de operativos el viernes.
“Las órdenes ejecutivas que el presidente Donald Trump firmó el 25 de enero señalan que el ser indocumentado es un crimen, y que los criminales serán deportados”, dice Maru Mora Villapando, directora de comunicaciones de la organización latino Advocacy, en Seattle, Washington. “El problema es que estamos hablando no de uno o de 100, sino de 11 millones de personas sin estatus legal de permanencia en Estados Unidos”.
“Hay evidencias sobre personas detenidas, pero también mucho pánico”, dice Maricela Galván, una líder comunitaria en Dallas, Texas. “Sabemos que se han llevado a personas que no tienen récord criminal”, agregó.
En Los Ángeles hay reportes similares. “Conocemos, por testimonio de familiares, que agentes federales de ICE (Oficina de Inmigración y Control de Aduanas) han detenido a personas y han amenazado a familiares que estaban con ellos”, dice Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Es algo desastroso para nuestra comunidad”.
ICE informó el viernes que en un operativo en Los Ángeles que duró una semana fueron detenidas 160 personas que habían sido condenadas por delitos graves. Y que 37 de ellos habían sido deportados a México.
La operación coincidió con la visita a la frontera de John Kelly, en una gira en la que envió un claro mensaje no solo a las organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados, sino también a la comunidad inmigrante en general: «Gente como yo, la Patrulla Fronteriza, ICE o las corporaciones policiacas locales no tenemos otra opción más que ejecutar las leyes. No podemos ignorar las leyes», aseveró.
Por eso, para el activista Jorge Mario Cabrera, los operativos están directamente relacionados con las órdenes ejecutivas del presidente Trump. “El punto es que al no estar claro respecto a qué tipo de crímenes hacen deportable a una persona, cualquiera que haya cometido una falta está en la lista. Incluso por el solo hecho de ser indocumentado en Estados Unidos”, reclama.
El 25 de enero Trump firmó una orden ejecutiva sobre las ciudades santuario y otra sobre la construcción del muro en la frontera con México. En ambas asegura que los extranjeros que entran ilegalmente a Estados Unidos y aquellos que permanecen después de caducar o violar los términos de sus visas, “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y pública”.
