San Salvador.- El ex-presidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) ha sido enviado este sábado a prisión provisional por la juez Nelly Pozas, del tribunal cuarto de paz. La togada desestimó los alegatos de la defensa, que solicitaba que su cliente, acusado de haberse adueñado de 246 millones de dólares de recursos públicos, siguiera el proceso judicial en su domicilio. La juez Pozas estimó que Saca y su grupo de seis allegados y ex-funcionarios del Gobierno podrían evadir u obstaculizar la justicia si no estaban en buen resguardo.
Nelly Pozas, una juez desconocida en las esferas políticas de la nación centroamericana, envió al ya conocido Caso Saca al periodo de instrucción tras dos días de deliberaciones y descargo de pruebas por parte de los defensores. A partir de ahora se cuenta con seis meses para solidificar y profundizar las investigaciones. Además de solicitar la detención provisional de Saca, Pozas pidió el embargo de los bienes muebles e inmuebles y el congelamiento de las cuentas bancarias de los siete procesados. La juez exceptuó congelar los dineros destinados a los salarios de los trabajadores de las empresas del ex-mandatario Saca, que incluye las 14 radioemisoras del Grupo Samix.
Saca y los exsecretarios de gobierno, César Funes, Julio Rank y Elmer Charlaix, así como tres empleados administrativos, fueron enviados a las celdas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), donde han estado desde que fueron capturados el domingo pasado en la madrugada.
Capturados en una boda
Saca, Rank y César Funes fueron capturados en la Hacienda de los Miranda, un club social de la élite empresarial salvadoreña, cuando se celebraba la boda del hijo mayor del exmandatario. Esta acción policial ha sido cuestionada por la opinión pública local, pero el director de la policía, Howard Cotto, ha dicho que la captura se hizo con diligencia y respeto a las leyes y derechos de las personas.
«Soy inocente», reiteró en varias ocasiones el ex-presidente en breves declaraciones a la prensa que cubrió el proceso judicial. Su abogada Silvia de Bonilla también reiteró “la inocencia de sus clientes” al asegurar que los dineros cuestionados eran parte de los Fondos Reservados del Estado o Partidas Secretas, usados hasta en operaciones de inteligencia.
El fiscal general, Douglas Meléndez, señaló que el grupo habría transferido 246 millones de dólares del Tesoro Público hacia cuentas de particulares y empresas que se están investigando. «Quiero detallar que para disfrazar y perder el origen de los fondos se cobraron 116 millones en efectivo, incluso el ex-presidente Saca; otros ocho millones hemos comprobado que fueron lavados», añadió Meléndez.
En los últimos tres años se ha procesado judicialmente a los ex-presidentes Francisco Flores (1999-2004) y Mauricio Funes (2009-2014). Flores murió el 31 enero de 2016, sin ser condenado por graves delitos de corrupción, mientras que Funes huyó a Nicaragua, donde el Gobierno de Daniel Ortega le ha brindado asilo político y el partido de Gobierno de El Salvador, el izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN), lo defiende “mientras no sea vencido en juicio”.
La corrupción en El Salvador cobra anualmente millonarias suman, en un país donde más del 40 por ciento de la población es pobre. Sólo por evasión y elusión de impuestos se no llegan a las arcas del Estado unos 2.000 millones de dólares, casi la mitad de los Presupuestos de la Nación.
