Ginebra – Suiza.- Nicaragua ha reaccionado al más reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el reporte, que fue presentado el lunes, en Ginebra, Suiza, Michelle Bachelet acusó al Gobierno de cometer vejámenes, que reducen “el espacio cívico” y restringen “la libertad de expresión” de los nicaragüenses.
Al hacer una enumeración de las irregularidades, la expresidenta chilena citó el asesinato de manifestantes que estuvieron involucrados en las movilizaciones antigubernamentales de 2018. Esas protestas culminaron con más de 320 muertos, a causa de la represión policial.
Del mismo modo, la funcionaria apuntó que de las 492 personas detenidas en medio de las acciones de calle más de cien permanecen encarceladas. Además, denunció al Ejecutivo de Daniel Ortega por perseguir y acosar a los líderes indígenas y comunitarios que se oponen a su gestión.
Tras las aseveraciones, Valdrack Jaentschke, asesor de la Presidencia nicaragüense, aseguró que las autoridades de la nación centroamericana jamás han “acusado ni perseguido a ninguna persona por participar o apoyar protestas pacíficas ni por ejercer la defensa de los derechos humanos”.
El consejero añadió que “en Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación” y que “los periodistas ejercen su labor sin censura previa ni restricción”.
La respuesta del alto representante dejó estupefacta a la comunicadora Lucía Pineda Ubau, quien estuvo presente en la plenaria y quien, además, vivió en carne propia el allanamiento y la clausura del canal para el que trabajaba.
Tanto ella como su colega Miguel Mora fueron arrestados y llevados a prisión, después de ser señalados de “incitar al odio”. Ambos estuvieron, por espacio de seis meses, en celdas mínimas, bajo tortura psicológica y en aislamiento.
La versión gubernamental también indignó a la estudiante belga-nicaragüense, Amaya Coppens, quien fue detenida el 10 de septiembre de 2018, por participar en concentraciones contra el presidente Ortega y su esposa, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.
